SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2020-S3

Manifiesta que la Resolución A-383/2018 emitida por los Vocales ahora accionados que declaró inadmisible el recurso de apelación, erróneamente consideró que los fallos de primera instancia en procesos coactivos en ejecución de sentencia son autos interlocutorios simples y que el plazo para interponer la apelación sería de tres días, cuando esos fallos son autos interlocutorios definitivos y el plazo para presentar la apelación es de diez días, de donde se evidencia que las indicadas autoridades fundaron su decisión en una errónea interpretación al calificar un auto interlocutorio simple como un auto interlocutorio de carácter definitivo, que si bien ambos tienen en su origen como objetivo la impugnación como derecho, la aplicación difiere en cuanto a lo que instituyen, dado que el auto interlocutorio simple es posible de reposición y ulterior modificación por el mismo juez que emitió el auto; por el contrario, el auto interlocutorio definitivo, no admite reposición y no es modificable por el mismo juez; y, en ejecución de sentencia en procesos coactivos, se debe aplicar el art. 518 del “CPC” -Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg)- que establece que las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas solo en efecto devolutivo sin recurso ulterior, disposición concordante con el art. 225 de la misma norma, que dispone en su numeral 5 que la apelación en efecto devolutivo procederá contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, en concordancia con el art. 220 núm. 1 que determina los plazos para poder apelar, señalando que se interpondrá la impugnación dentro de los diez días de las sentencias y los autos definitivos pronunciados en procesos ordinarios, sumarios y ejecutivos.

Finalmente, refiere que al haberse declarado inadmisible la apelación a través de la aplicación de normativa que no corresponde y sin la fundamentación debida se ha violado su derecho a la segunda instancia, así como que la prueba sea compulsada, nombrada, analizada y valorada en su totalidad en las resoluciones judiciales como componente del derecho a la defensa.