SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0076/2020-S2

II.      Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas.

La SCP 0618/2012 de 23 de julio, estableció que: “El art. 74.I de la CPE, determina que es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado”.

Conforme dispone la Ley Fundamental, el Estado tiene la obligación de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, esta previsión no está fuera del alcance de los que cumplen condena por la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada, pues si bien temporalmente se encuentran restringidos de libertad, esta situación no implica que deban ser privados en el ejercicio de otros derechos, mucho menos los de carácter fundamental, como a la vida, salud, educación, o acceso universal a los servicios básicos. Por ello el Estado en todas sus instancias, tiene el fin y función esencial de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la Constitución; sin que sirva como excusa, que los beneficiarios se encuentren detenidos circunstancialmente.