SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2020-S3

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 12 de 23 de enero de 2020, cursante de fs. 784 vta. a 791 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto Supremo no desconoce la existencia de una sentencia ejecutoriada de reconocimiento de unión libre o de hecho, lo que enaltece en función a los hechos demandados, tal cual se lee en dicha Resolución, es evidentemente que en cuanto a la propiedad y la copropiedad como instituto emergente de la unión libre o de hecho, lo que no existe es una sentencia ejecutoriada, por tanto, el agravio de la no consideración de la existencia del testimonio que reconoce la unión libre o de hecho, no es evidente; y, ii) En cuanto al agravio de desconocimiento de la competencia del Juez de presente audiencia, al haberse tramitado un proceso familiar, no se alegó -ni  en la presente audiencia, ni en el memorial de interposición-, que el Tribunal Supremo hoy accionado habría incurrido en una ausencia de pronunciamiento, sino que este no converge con el principio de motivación y congruencia; en ese contexto, a efecto que el Tribunal de garantías ingrese a verificar si la interpretación de la legalidad ordinaria se adecúa o no los cánones constitucionales, es imperativo que la peticionante de tutela, cumpla los tres presupuestos establecidos entre otros por la SCP 0566/2018-S4 de 1 de octubre; vale decir, el primero es precisar de qué manera la interpretación realizada resulta absurda, ilógica, errónea o con error evidente de derechos y garantías, identificando en su caso la reglas de interpretación que fueron omitidas por el intérprete, el segundo elemento, es precisar los derechos o garantías constitucionales que han sido lesionados por el intérprete con aquella interpretación y tercero es la “…existencia del nexo de causalidad” (sic) -debe entenderse relación de causalidad- entre el agravio que invoca y cuál la correcta interpretación que debió haberse realizado a efecto de no incurrir en aquel agravio.