SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2020-S1

El accionante mediante su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta y sin dilaciones; ello en mérito a que el 6 de septiembre de 2019, se instaló audiencia de cesación a su detención preventiva, en la que la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Potosí determinó rechazar su solicitud mediante una Resolución arbitraria, misma que fue apelada incidentalmente por su parte, de manera oral en el desarrollo de la audiencia, solicitando que se remitieran obrados a la Sala Penal de turno, ello en aplicación del art. 251 del CPP. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, dicho expediente aún no se remitió, habiendo transcurrido más de cinco días de presentado el recurso incidental, vulnerando de esa manera el principio de celeridad que se debe dar a este tipo de trámites que tienen por objeto el derecho a la libertad.  

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva y ante la Resolución que rechazó la solicitud del accionante, su defensa técnica de manera oral interpuso apelación incidental en aplicación de art. 251 del CPP, solicitando que los obrados se remitieran a la Sala Penal de turno; sin embargo, después de haber pasado más de cinco días de la realización de la referida audiencia, el expediente no fue remitido, motivo por el cual, se interpuso la presente acción de defensa tutelar.

Antes de ingresar a considerar el fondo de  lo planteado, necesariamente, con carácter previo, debemos tener en cuenta los alcances de la acción de libertad, como lo establece el presente fallo constitucional en su fundamento jurídico III.1, esta puede ser reparadora, preventiva o correctiva así como también establece las excepciones en el marco de la razonabilidad, cuando dentro de un trámite que involucra el debate del derecho a la libertad un expediente no es remitido dentro del plazo legal establecido por ley.

En el presente caso se tiene que los informes remitidos y descritos en las conclusiones II.1 y 2 del presente fallo constitucional, de la autoridad demandada y la Secretaria -también demandada- del referido Juzgado, manifestaron que instalaron audiencia el 6 de septiembre a horas 14:30; además, de que el art. 251  del CPP, establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas”.

La normativa aplicable al caso determina que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Posteriormente el Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Una vez descrito el procedimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, se concluye que en el presente caso, la Jueza demandada, una vez concluida la audiencia, y al haber sido interpuesto de manera oral al finalizar la referida audiencia el recurso de apelación incidental, la autoridad jurisdiccional tenía un plazo de veinticuatro horas para remitir los antecedentes del proceso; es decir, al día siguiente, fuera este un día hábil o no, plazos procesales que son dispuestos por el Código de Procedimiento Penal.