SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2020-S3

Por consiguiente, con base a tales antecedentes, se evidencia que los Vocales accionados tenían pleno conocimiento respecto a que el accionante se encontraba detenido preventivamente en el Penal de “San Pedro”, razón por la que estuvo ausente en la audiencia de apelación de la Resolución 259/2019; sin embargo, pretenden que la obligación de asistir a dicho actuado judicial recaiga sobre el apelante -ahora accionante- quien no dependía de su propia voluntad, sino de una decisión judicial para comparecer ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 11 de septiembre de 2019; si bien las autoridades accionadas dispusieron la conducción del accionante, no fueron diligentes para efectivizar su presencia a la audiencia de apelación, a objeto que pueda ejercer su defensa material, confirmando la Resolución impugnada con base en dicha incomparecencia, por lo que vulneraron su derecho a la defensa establecido en el art. 119.II de la CPE que dispone: “II Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…” (las negrillas fueron agregadas), privándole injusta y totalmente su derecho a ser oído -elemento del precitado derecho-, tal es así que no obstante a que la defensa técnica del accionante se encontraba presente, las autoridades accionadas, no permitieron que esta intervenga a favor de su cliente -hoy accionante- ausente, sin que sea justificable tal determinación.

En ese orden, los Vocales accionados debieron suspender la audiencia a fin de no vulnerar el derecho a la defensa -en su elemento al derecho a ser oído- vinculado con el debido proceso del accionante, puesto que el recurso de apelación fue interpuesto contra un fallo estrechamente vinculado con el derecho a la libertad de locomoción del apelante -ahora accionante-. Por lo descrito precedentemente, corresponde conceder la tutela respecto a dejar sin efecto la Resolución “470/2019” (Punto I.2.1. del presente fallo constitucional).

De igual manera, el accionante denunció la vulneración de los principios a la dignidad y a la igualdad de las partes ante la ley, los cuales, de acuerdo al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no son protegidos por la acción de libertad, sino que la misma protege determinados derechos como la libertad y a la vida, que están señalados por dicha norma; sin embargo, se aclara que los principios no pueden ser ignorados por las autoridades jurisdiccionales, por el contrario, deben tenerlos presentes en todas sus resoluciones.