SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0255/2020-S3

Conforme se tiene identificado supra, el objeto procesal de esta acción de libertad converge en lo sustancial en un cuestionamiento a la labor valorativa probatoria que, sobre la pretendida acreditación del presupuesto procesal del domicilio para desvirtuar el riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP, hubiere sido efectuada por las autoridades judiciales -hoy accionadas- apartándose de los límites de razonabilidad y objetividad en el Auto de Vista de 25 de octubre de 2018, por el cual declararon la improcedencia de la apelación incidental formulada por la accionante, confirmando en consecuencia la Resolución de 19 de septiembre de igual año, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva.

Previamente y en razón al alcance de reclamación de índole valorativo deducido por la impetrante de tutela, es necesario a los fines de la apertura del ámbito de protección constitucional de esta acción de defensa, traer a colación los lineamientos jurisprudenciales contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que respaldados en el principio de informalismo como tópico configurador de la acción de libertad y efectuando una interpretación constitucional de los derechos humanos, contempla la imposibilidad de exigir en su interposición el cumplimiento de presupuestos formales ni requerir la observancia de entendimientos jurisprudenciales de carga argumentativa a ser cumplida u otros requisitos que involucren a su vez una carga procesal para validar su activación como mecanismo de protección constitucional, el cual en coherencia con el referido informalismo no prevé una fase de admisibilidad en cuanto a la acción de libertad se refiere; siendo estos presupuestos jurisprudenciales que a partir de la abstracción de exigencia de las auto restricciones jurisprudencialmente establecidas dentro de la jurisdicción constitucional, permiten en el caso ingresar al análisis del acto lesivo denunciado por la peticionante de tutela en esta vía constitucional.

Así también conviene aclarar, ante la escueta expresión que realizó la accionante respecto a una presunta falta de valoración legal de la prueba por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a tiempo de emitir la Resolución de 19 de septiembre de 2018, por la cual rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, que eventualmente -y aún cuando dicha autoridad hubiese sido demandada dentro de esta acción tutelar- ese reclamo no podría ser objeto de verificación constitucional al ser aplicable la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa.