SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0269/2020-S2

Mabel Norma Rocha Vera, Jueza Pública Civil y Comercial Quinta -en suplencia legal de su similar Cuarta- de la Capital del departamento de Tarija, el 24 de septiembre de 2019 presentó informe escrito, cursante de fs. 264 a 265 vta., indicando que: i) La acción de amparo constitucional no es supletoria de otros medios ordinarios para hacer valer los derechos, luego de agotados los mismos, como una instancia casacional; ii) “La parte accionante refiere que se vulneró el art. 21 numeral 2.-) del C.Pro. Civil, por el hecho de indicar que se debe ampliar la demanda en contra de Luis Fernando Vargas James (interdicto) se vulnero el debido proceso y defensa, sin embargo no es evidente toda vez que no se pronuncia con relación al art-811 –I del C. Civil.-“ (sic); iii) “El proceso igualado al nuevo procedimiento, se señaló audiencia preliminar donde estaba presente el actor junto a su abogado y los demandados asistidos por sus abogados donde se ratificaron en la demanda, contestaciones, sin que exista ninguna observación (…) a la ratificación a la demanda.-“ (sic); y, iv) No es evidente que hubiese vulnerado el debido proceso, ya que las resoluciones se encuentran debidamente motivadas, fundamentadas y congruentes; además que, el apoderado de los peticionantes de tutela tuvo acceso al proceso; asimismo, interpuso incidentes, estando asistido por sus abogados, hecho por el que no puede alegar transgresión al derecho a la defensa; solicitando se rechace la acción de defensa interpuesta.

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.