SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2020-S4
Fecha: 27-Jul-2020
1)
Victoriano Morón Cuellar y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 26 de agosto de 2019, cursante de fs. 128 y 130, señalaron que: 1) El control de legalidad es una atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, a menos que la violación a los derechos invocados por la parte accionante sean groseramente contrarias a la ley y la Constitución Política del Estado, lo cual no ocurrió en el caso, dado que por el contrario, en la presente acción de defensa se pretende utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia casacional, puesto que no señalaron por qué la labor interpretativa impugnada resultó insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica; y, 2) Actuaron de manera correcta al declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, puesto que, la base legal para apertura su competencia fue la SCP 1061/2015-S2 de 26 de octubre, demás se consideró que en el caso presente aun no existía sentencia ejecutoriada.
- acción de amparo constitucional
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesla en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- Fragmento 9
- III.1.
- En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR