ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0320/2020-S1

Juan Luís Miranda Velásquez, en su condición de Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, a través de sus abogados y apoderados, mediante informe escrito presentado el 19 de agosto de 2019, cursante de fs. 43 a 47 vta., expuesto en audiencia, manifestó: 1) Existe falta de legitimación pasiva respecto a la autoridad demandada; toda vez que, quienes determinaron desvincular a la accionante de su fuente laboral, fue la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, conforme indica el Memorándum CM-DIR.NAL.RRHH.-3172/2019; por consiguiente, en su calidad de Director de Recursos Humanos, únicamente emitió el memorándum de ejecución, por lo que no le asiste legitimación pasiva, y no tiene la suficiente facultad menos aun competencia para restituir los derechos demandados por la impetrante de tutela, 2) Los efectos del acto reclamado han cesado, porque a la fecha de notificación con la presente acción de defensa realizada el 14 de agosto de 2019, el menor contaba con más de un año, por tanto la protección de inamovilidad prevista en el art. 48.IV de la CPE ya no sería aplicable al presente caso; y, 3) La peticionante de tutela se constituye en una funcionaria transitoria y provisoria de DD.RR. de La Paz, en el marco de lo previsto en la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- en relación a la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, -Ley 003 de 13 de febrero de 2010-, y modificación de la misma mediante la Ley de Adecuación de Plazos -Ley 040 de 1 de septiembre del 2010-, que determinaron que todos los cargos del Órgano Judicial tienen la particularidad de ser transitorios; y, finalmente la Ley de Transición del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011- que así lo declaró; por consiguiente, la accionante no goza de estabilidad e inamovilidad laboral, por su condición y calidad de personal transitorio o provisorio en el Órgano Judicial.

1)   Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 

1)  El pago de salarios devengados, derechos sociales y prestaciones del régimen de asignaciones familiares, que entre otros, son el subsidio prenatal, de natalidad de lactancia, desde la fecha de despido hasta el año de edad del hijo de la impetrante de tutela, conforme se tiene desarrollado precedentemente; y,

[2]La SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizó en el FJ III.1, subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo, que se desarrollaran a continuación: “1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras.