SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2020-S1

La libertad como garantía constitucional reconoce la inviolabilidad de este derecho dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos, lo que trae como corolario la obligación para el Estado de protegerlo, por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.^[2] Ahora bien, una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, sobre el particular el texto constitucional en su art. 23 establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley…”. De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, ha instituido además como garantía de este derecho, la reserva legal; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado limitar el ejercicio de este derecho. Asimismo, el constituyente boliviano ha otorgado a la persona garantías jurisdiccionales para su protección, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr la protección de este derecho, en caso de que este siendo restringido u amenazado de restricción, así lo ha establecido el art. 125 de la CPE que señala:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.