SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0440/2020-S3

En el proceso ordinario de nulidad de contratos, acción negatoria, mejor derecho propietario, acción reivindicatoria, desocupación, entrega de lotes de terreno, cancelación de folios reales y pago de daños y perjuicios, interpuesto por sus personas contra Bernardo Ressini Pino, Olivia Margarita Porcel Romero, Agapito Vargas Villalba, Jaime Mita Delgadillo, Francisco Terrazas Mostacedo, María Villegas Soliz, Rider Garnica Padilla, José Ives Ballesteros Camacho, Simón Ariel Sanizo Lezano, Dorysdey Arroyo Valda, María Luz Ojeda Medina, José Quintana Herrera, Ana María Vedia Pérez, Eliana Molina Bustos, Adrián Miguel Cáceres Ortega, Anita Yolanda Chávez Arauz de Cáceres, Alejandro Wilzon Mercado Llanos, Zulma María Canaviri Calle, Teresa Salazar Zambrana, Román Enrique Choque Lázaro; Carmen López Guerra, Florinda Lázaro Calle, Alfredo Rivera Calderón, Richard Eduardo Montoya Valda, Aleida Martínez Aguirre, José Luis Pérez Vásquez, María Alicia Cruz Hurtado de Pérez -ahora terceros interesados-, siendo que el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió la Sentencia 033/2016 de 9 de mayo, declarando improbada su demanda; decisión que fue cuestionada a través del recurso de apelación, que dio lugar a la emisión del Auto de Vista SCCI-0106/2018 de 10 de abril, mediante el cual, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, confirmaron la Sentencia impugnada.

Vulneraron su derecho a la propiedad establecida en el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque las resoluciones judiciales precitadas no tomaron en cuenta su mejor derecho propietario sobre el lote de terreno ubicado en el barrio Bella Vista de la zona de Lechuguillas de la ciudad de Sucre, cantón San Lázaro de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, con una superficie total de 4 200,00 m², con Código Catastral 9-513-865 e inscrito en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) de Chuquisaca en el Folio Real con Matrícula Computarizada 1011140001085, Asiento segundo de titularidad de dominio, inscrito el 30 de diciembre de 2009, derecho propietario adquirido a través de una subasta y venta judicial realizada el 12 junio de 2007; y que de acuerdo a sus antecedentes dominiales, su derecho propietario es primigenio en relación al de los terceros interesados; asimismo, en la tramitación del indicado proceso ordinario, a través de la prueba documental, testifical, pericial y de la inspección judicial, demostraron que dicho inmueble es el mismo que se adjudicaron en el proceso judicial.

El Juez de primera instancia, los Vocales de la Sala Civil y Comercial que conocieron la apelación y los Magistrados del Tribunal de casación -hoy accionados- incurrieron en una errónea interpretación y aplicación de los arts. 1286 del Código Civil (CC) y 397 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) concordante con el art. 145 del Código Procesal Civil (CPC) vigente, debido a que las pruebas producidas no fueron apreciadas de acuerdo al valor que les otorga la ley; y, a pesar de haber cumplido con la carga de la prueba respecto a los puntos de hecho que les correspondía demostrar en su calidad de demandantes en el proceso ordinario, a través de la inspección judicial efectuada en el lote de terreno objeto del proceso ordinario, el informe pericial que contiene planos y fotos satelitales, y los planos aprobados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), estos documentos no fueron valorados.

La Sentencia 033/2016, el Auto de Vista SCCI-0106/2018 y el AS 1290/2018, sustentaron su decisión solo en la prueba cursante a fs. 233, consistente en la fotocopia simple de un plano elaborado por un particular, que no tiene fuerza ni eficacia probatoria por tratarse de un instrumento sin valor legal, y que oportunamente fue objetado y rechazado, debido a que solo se trata de un proyecto de loteamiento, que no cuenta con la aprobación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, ni existe la constancia de que se encuentre en trámite en alguna repartición edil; dicho documento llevó a los juzgadores a establecer ilógicamente que su lote de terreno debía contar con los datos y nomenclaturas de identificación establecidas en el indicado plano, a pesar de tratarse de un documento que no cuenta con valor legal. En ese sentido, no consideraron todas las pruebas ofrecidas y producidas por sus personas, pese a que ninguna de ellas mereció objeción u observación de los demandados -hoy terceros interesados-. Por otro lado, el referido Auto Supremo no se encuentra debidamente motivado y fundamentado al ser muy sucinto y carecer de sustento legal. Situaciones por las que consideran que sus derechos e intereses legítimos no fueron protegidos de manera oportuna, a causa de las vulneraciones advertidas en las Resoluciones judiciales identificadas, afectando directamente a su derecho a la tutela judicial efectiva.