SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0498/2020-S3

Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, se hace necesario referir a las denuncias realizadas por la ahora tercera interesada respecto al: a) Incumplimiento del principio de inmediatez ante la presentación extemporánea de la presente acción de defensa; y, b) Vulneración del principio de subsidiariedad.

Con relación a la primera denuncia, revisados los antecedentes del proceso, la accionante fue notificada el 5 de abril de 2019 con la Sentencia 01/2019, y la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 1 de octubre de ese año, por lo que, no resulta evidente haber transcurrido más de los seis meses exigidos por el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), como alegó la hoy tercera interesada, consecuentemente, la accionante no incurrió en incumplimiento del principio de inmediatez, al cual se rige esta acción de defensa.

Con la contextualización fáctica efectuada anteriormente, y al denunciar la accionante, la falta de fundamentación y motivación en la que los Vocales ahora accionados incurrieron a tiempo de emitir la Sentencia 01/2019, que hoy es objeto de cuestionamiento constitucional, corresponde conocer los términos bajo los cuales la accionante interpuso la demanda contencioso administrativa, así como los fundamentos por los que dichas autoridades declararon improbada esa demanda, y contrastarlos con las denuncias efectuadas en la presente acción de amparo constitucional.

Ahora bien, conforme con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la garantía del debido proceso comprende, entre uno de sus elementos, la exigencia de la motivación de las resoluciones, por lo cual las autoridades que dicten una resolución resolviendo una situación jurídica, deben ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión. En cuanto a la fundamentación como elemento del debido proceso dicha jurisprudencia señala que también se constituye en una garantía del sujeto procesal de que el juzgador al emitir una decisión explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión. Además, respecto a la congruencia manifestó que dicho elemento también del derecho al debido proceso, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, y la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto acarrea la vulneración del derecho citado.

a)  Se le inició Sumario Administrativo aplicando disposiciones de la Ley de Administración y Control Gubernamental -Ley SAFCO-, a través del DS 23318-A que está reservado para los servidores públicos que se rigen por el Estatuto del Funcionario Público; que no es el mismo caso de los trabajadores del SSU Santa Cruz, quienes se rigen por la Ley General del Trabajo, vulnerándose por esa razón su derecho al debido proceso en su condición de trabajadora de dicha entidad.