SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2020-S3

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 154 de 5 de diciembre de 2019, cursante de fs. 103 a 106, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional establecieron requisitos que debe cumplir el accionante al momento de presentar la acción de amparo constitucional, entre los cuales se encuentran los previstos en los arts. 33 y 54 del CPCo, que establecen el principio de subsidiariedad; y, 129 de la CPE y 55 del citado Código que introducen el principio de inmediatez, señalando el plazo máximo de seis meses para interponer la acción tutelar a partir de la vulneración alegada o notificada la última decisión administrativa o judicial; 2) El accionante fue notificado el 11 de abril de 2019 con el Auto de Vista 014/2019, y el 2 de mayo de igual año con el Auto Interlocutorio de 18 de abril del mencionado año, que dio respuesta a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación. En ese orden, el plazo de los seis meses para la interposición de la presente acción tutelar venció el 2 de noviembre de 2019 de acuerdo a los actuados contenidos en el cuaderno principal; 3) Con relación al plazo de inmediatez, el accionante argumentó que esta la acción tutelar no fue presentada en la fecha de su vencimiento debido a los conflictos sociales y al paro cívico ocurridos en el departamento de Santa Cruz, lo que ampliaría ese plazo. Al respecto, el “AC 422/2018-RCA”, con relación al vencimiento de un plazo perentorio y su imposibilidad material de presentación ante los jueces y tribunales, así como una situación de fuerza mayor que impida el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional, estableció que, primero, se debe tener certeza del hecho y luego, ante esa situación extrema se debe acudir necesariamente al domicilio del secretario o actuario, del juez o tribunal donde se sustancia la causa, si acaso se conoce el indicado dato; si ello no fuese así, o siendo buscado no es habido, se habilita la posibilidad de acudir ante un funcionario judicial de otro juzgado. La fuerza mayor o circunstancia que impida y obstaculice el normal desarrollo de la actividad judicial debe ser debidamente acreditada para que la demanda sea recibida por el funcionario judicial, teniendo este último la obligación de llevar la demanda ante la autoridad judicial competente, o en su caso, al funcionario para efectuar la asignación de la causa a primera hora del día siguiente hábil; asimismo, establece que en caso de urgencia y cuando esté por vencer algún plazo perentorio, los escritos podrán ser presentados ante un Notario de Fe Pública del respectivo asiento judicial; 4) El accionante tenía todas las opciones expuestas en el “AC 422/2018-RCA” para interponer su acción tutelar dentro del plazo establecido, si no pudo presentarlo en Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, podía hacerlo a través del buzón judicial electrónico, el cual fue habilitado por Acuerdo de Sala Plena “13/18” emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que incluye la presentación de las acciones de defensa cuando el cómputo de los plazos excedan de quince días; 5) Llama la atención también que el accionante no acudiera el primer día hábil que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz abrió sus puertas -13 de noviembre de 2019- y esperar hasta el 22 de noviembre de 2019, cuando el plazo ya había vencido; 6) Si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su Sala Plena emitió un Acuerdo por el cual suspenden los plazos; sin embargo, dicha decisión se refiere a los plazos para resolver las acciones de defensa y no para los que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado, como es el plazo de seis mes para la interposición de la acción de amparo constitucional, razones por las cuales el accionante no puede argumentar que el plazo de presentación de la acción tutelar se amplió veintiún días por el paro cívico desarrollado en el departamento de Santa Cruz; y, 7) En cuanto al Auto Interlocutorio de 3 de junio de 2019, también cuestionado a través de la presente acción de defensa, se tiene que toda la argumentación contenida en el memorial de acción de amparo constitucional está referida al Auto de Vista 014/2019, lo que impide un pronunciamiento al respecto, más aún si se toma en cuenta que con relación a esa Resolución, el accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, en razón a que no fue impugnada en la vía ordinaria; impidiendo que la autoridad judicial coaccionada se pronuncie sobre ese punto.