Sentencia Constitucional Plurinacional 0007/2021 de 5 de enero
Fecha: 05-Ene-2021
II.5. Análisis del caso concreto
En el caso la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena y la Jueza Agroambiental ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz, se consideran sin competencia para conocer y resolver la demanda ejecutiva planteada por Kely Anahí Egüez Jiménez en representación legal del FONDESIF contra Primitivo Rojas Ledezma, Amalia Aparicio de Rojas, José Carlos Rocha Carballo y Alicia Peralta Montenegro, emergente de un contrato de venta al crédito con reserva de propiedad de una maquina agrícola.
La suscrita Magistrada no comparte el fundamento expuesto y la otorgación de la competencia a la Jueza Agroambiental, por cuanto considera que el razonamiento desarrollado es incorrecto para determinar la competencia en proceso ejecutivo; toda vez que, al advertirse la inconcurrencia de una garantía específica y la concurrencia de una garantía quirografaria, debió otorgarse la competencia a la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena, centrándose el análisis en las facultades de la Jueza Agroambiental para conocer el proceso ejecutivo y los requisitos fijados para el efecto, y, previo ese análisis declararse competente a la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena, en vista de que en el caso los ejecutados no ofrecieron ninguna garantía o una garantía de propiedad agraria para la satisfacción de la obligación incumplida, y al ser así la deuda debe ser satisfecha con la venta o subasta de la generalidad de sus bienes mismos que pueden estar en el área urbana.
Conforme los antecedentes del caso, se tiene que mediante contrato de venta al crédito con reserva de propiedad de 16 de diciembre de 2014, suscrito entre FONDESIF y Primitivo Rojas Ledezma y Amalia Aparicio de Rojas -deudores o beneficiarios-, y , José Carlos Rocha Carballo y Alicia Peralta Montenegro -garantes-, se convino la transferencia en calidad de venta con reserva de propiedad una sembradora directa de diecisiete líneas, marca “VENCE TUDO”, de procedencia brasilera; para el cumplimiento del pago de la deuda contraída en la cláusula octava los deudores garantizaron el mismo con la generalidad de sus bienes presentes y futuros sin restricción ni limitación alguna.
Ante el incumplimiento de los pagos, Kely Anahí Egüez Jiménez, representante legal de FONDESIF, por memorial presentado el 25 de junio de 2019, ante el Juzgado de Turno Público Civil y Comercial de la Capital del departamento de Santa Cruz, interpuso demanda ejecutiva de estructura monitoria contra Primitivo Rojas Ledezma y Amalia Aparicio de Rojas -deudores- y José Carlos Rocha Carballo y Alicia Peralta Montenegro -garantes-, alegando que suscribió un contrato de venta al crédito con reserva de propiedad de una maquinaria agrícola y conforme al plan de pagos los plazos fueron computados a partir de la entrega de la maquinaria, teniendo a la fecha más de ciento ochenta días de dilación; constituyéndose en mora automática siendo la obligación liquida, exigible y de plazo vencido, en virtud a lo estipulado en la cláusula novena.
- DECLARAR
- II.
- Fragmento 3
- una garantía específica
- III.1. Sobre la naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad
- la jurisdicción agroambiental
- Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, el art. 202 de la CPE, refiere: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’.
- en el marco de las normas constitucionales citadas precedentemente, el asunto competencial tiene directa incidencia en los derechos fundamentales
- el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el órgano encargado para dirimir dichos conflictos de competencia, asumiendo que, en mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, ninguna de ellas tiene la potestad de sobreponerse ni subordinar a la otra
- III.2. De la normativa
- De igual forma, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), el mismo que fue modificado por el art. 23 de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, sobre la competencia de los juzgados agrarios, refiere que estos tienen competencias para:
- Conocer procesos ejecutivos, cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales
- otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria
- que estos tienen competencia para conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias
- el art. 486 del CPC, refiere: “(Procedencia) Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que tuviere fuerza de ejecución se demandare al deudor moroso el pago o cumplimiento de una obligación exigible”.
- son presupuestos para activar la vía ejecutiva, la existencia de una obligación con plazo vencido, que tenga una suma liquida y exigible, así como la personería de las partes, siendo la garantía de dicha obligación, la generalidad de los bienes muebles o inmuebles, presentes y futuros, que puedan pertenecer al deudor,
- El proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible.
- en consecuencia, a los fines de la problemática planteada, una determinada garantía por sí sola no puede definir la competencia de las autoridades jurisdiccionales, máxime cuando el art. 152.12 de la LOJ, exige como condición para abrir la competencia de la judicatura agraria, la constitución de la garantía sobre la base de “la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales”, pero el Legislador de ninguna manera hizo referencia a documentos específicos.
- …cabe precisar que la competencia de la autoridad judicial en materia civil, no puede estar sujeta o condicionada únicamente a una garantía en concreto, porque la naturaleza de la obligación exige que el cumplimiento se haga efectivo con la totalidad de su patrimonio, en cuya comunidad ingresan bienes muebles e inmuebles situados inclusive en áreas urbanas no sujetas a la competencia de la judicatura agroambiental. Entonces, la autoridad judicial en materia civil, podrá poner en duda su competencia con relación al conocimiento y sustanciación de una determinada problemática cuya naturaleza sea la exigencia de un derecho, siempre y cuando quede demostrado que la única garantía para cumplir la obligación fue constituida sobre la base bienes del deudor sometidos exclusivamente a la competencia de la judicatura agraria; es decir, cuando la totalidad del patrimonio del deudor quede constituido exclusivamente con bienes de carácter y destino agrario,
- no se constituyó una garantía específica.
- el segundo presupuesto ( garantía quirografaria); es cuando el objeto de ejecución viene dado por la universalidad de los bienes habidos y por haber del deudor;
- (OBJETO)
- II.5. Análisis del caso concreto
- Fragmento 24
- la Ley 3545, que respecto a la competencia de los juzgados agrarios señalan que estos pueden conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias,
- COMPETENTE