DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2021

Por otro lado, el objeto material de este proceso constitucional radica en norma o institución jurídica o cultural de la nación o pueblo indígena originario campesino, destinada a regular algún aspecto de la vida cotidiana de la misma; norma que se aplicará a un caso concreto, por lo que este mecanismo procesal no tiene por objeto revisar lo resuelto en casos concretos por las autoridades indígena originaria campesina competentes, como tampoco refrendar o convalidar las decisiones que asuman en ejercicio de su jurisdicción. En esa línea de entendimiento, esta jurisdicción constitucional se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento sobre el caso concreto, es decir, pronunciarse sobre la aplicabilidad o no de una decisión final, más aún cuando la misma ha sido efectivizada de conformidad a sus normas y procedimientos propios.  

En este caso, la pretensión de las autoridades IOC, acreditadas mediante documentación, como representantes legítimos de la citada comunidad, se circunscribe a que esta jurisdicción se pronuncie sobre una decisión final expresada en el artículo primero de la Resolución de la Comunidad Indígena Originaria Campesina Coscapa de 29 de julio de 2019; aspecto que no es viable mediante el presente proceso constitucional, ya por lo glosado supra, la naturaleza jurídica de esta consulta es la de contrastar una norma o instituto jurídico de la nación o Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) con las normas constitucionales, y no tiene por objeto refrendar o convalidar las decisiones que asuman sus autoridades en ejercicio de su jurisdicción.

En ese sentido, “Si bien el Código Procesal Constitucional, no prevé la declaratoria de improcedencia como una de las formas de resolución de la consulta cuando no sea posible efectuar el control de constitucionalidad, es pertinente en el supuesto que dicho mecanismo carezca de contenido jurídico constitucional; es decir, no tenga relación alguna con la naturaleza jurídica del indicado dispositivo constitucional, se declare su improcedencia” (DCP 0130/2015 de 30 de junio), por lo que al no poder efectuar un pronunciamiento sobre la pretensión de las autoridades consultantes, este Tribunal dispone la improcedencia de la presente consulta.