SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2021-S4
Fecha: 22-Feb-2021
1)
Por su parte, Limber Cruz Bazán, en su condición de Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerin, a través del informe escrito cursante de fs. 84 a 86, señaló: 1) Emitió el Informe Jurídico D-J 438/2020 en relación a una solicitud de 26 de junio de 2020, por un grupo autodenominado CONTROL SOCIAL CIRCUNSTANCIAL” en el que una vez analizada la documentación, sugirió a la Alcaldesa demandada se devuelva a los firmantes su solicitud a objeto del cumplimiento del art. 7.3 de la Ley 341 de 2 de febrero de 2013 −Ley de Participación y Control Social− , siendo puesto en conocimiento de los accionantes mediante Nota GAMG/MAE/CITE/OF. 195/2020 de 1 de julio, pidiendo se subsane, siendo esa su única participación; 2) Su persona carece de legitimación pasiva para ser codemandado, en virtud a que el señalado informe no tiene carácter vinculante en las decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Municipal; asimismo existen hechos cuestionados con posterioridad y el último hecho que se cuestiona no ha sido de su conocimiento; por lo que, los accionantes no cumplieron con la carga de la prueba respecto a su legitimación pasiva; y, 3) Existe la necesidad de acreditar una grave amenaza o violación de los derechos e intereses colectivos como presupuesto para la procedencia de la acción popular, en el presente caso se busca la tutela del acceso a la información, siendo que para la procedencia debe existir certeza indiscutible de amenaza a los derechos de seguridad y salubridad pública , siendo que no existe en el caso un interés colectivo ni difuso sino un interés individual que puede ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
- acción popular
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos Supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- 1)
- concedió
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- III.
- III.1. Ámbito de tutela de la acción popular
- Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás; sin embargo, se distinguen en que los colectivos son intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada; en tanto que son difusos los intereses cuya titularidad no descansa en un grupo o colectividad determinada, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los integrantes de una comunidad
- Derechos o intereses colectivos en sentido estricto
- Derechos o intereses difusos
- Derechos o intereses individuales homogéneos
- En ese sentido, se puede colegir que los derechos o intereses colectivos en sentido estricto y los derechos o intereses difusos que en esencia son transindividuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme, son tutelables por la acción popular, mientras que los derechos o intereses individuales homogéneos al tratarse de derechos subjetivos donde se busca el resarcimiento no se tutelan a través de la acción popular, puesto que en el derecho comparado se protegen por las acciones de grupo (Colombia) donde la sentencia determinará diferentes grados de afectación y de reparación económica
- “El derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos;
- La doctrina establece que las solicitudes deben estar dirigidas a obtener información pública, entendida por Ernesto Villanueva como ‘El conjunto de datos y hechos ordenados que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática’.
- protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.
- Las condiciones básicas y necesarias comprenden, entre otras, la disponibilidad garantizada de servicios de salud brindados por el Estado
- derecho a la salubridad pública
- En consecuencia, resulta aplicable el principio de que la lesión de la parte afecta a la del todo; asimismo, la lesión del todo (salubridad) es necesariamente la lesión de la parte (salud individual)
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 32
- CONFIRMAR
- 2º Disponer