SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2021

Finalmente, también la SCP 1850/2013 de 29 de octubre, en casos similares señaló lo siguiente: “…el control normativo de constitucionalidad por vía de acción de inconstitucionalidad abstracta, debe efectuarse sobre disposiciones legales vigentes y no así respecto a las que han sido derogadas o abrogadas; por cuanto, en esos casos se produce la extinción del derecho por sustracción de materia” (énfasis añadido).

Los citados razonamientos encuentran su episteme en la Teoría General de las Normas, en virtud de la cual, su máximo exponente[2] y afines, coinciden en que la vigencia de una norma radica en su “existencia”, refiriéndose principalmente al “ser” fenoménico y existencial de la norma, y por tanto, a su pertenencia “válida” a un sistema jurídico vigente, esta existencia fáctica y de pertenencia de una norma se identifica con su vigencia, pues solo una norma vigente, tiene la cualidad de ser reconocida como tal por quienes se encuentran llamados a su obligatorio cumplimiento.

Esta pérdida o cancelación de vigencia de una norma jurídica, es atribuible al carácter dinámico de los ordenamientos jurídicos, el cual se materializa a través de la introducción, modificación o eliminación de normas jurídicas por parte de la autoridad un órgano que ostenta una facultad válida para ello, y el cabal cumplimiento del procedimiento (reglas de cambio) establecido al efecto, procurando, que esta producción normativa cumpla además, con los criterios de unidad, coherencia y plenitud, propios de un sistema jurídico.

En el sistema jurídico boliviano, la función legislativa (de carácter general), se encuentra reservada, a la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuyo art. 158.I.3 de la CPE, se le reconoce la atribución de: “Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”. Cuando nos remitimos al instituto de la derogación, tenemos como precedente un manifiesto conflicto normativo, debido a la existencia de normas jurídicas singulares antinómicas, es decir, incompatibles[3], no obstante, debe considerarse que la cancelación o restricción de la vigencia de una norma jurídica, puede darse no solo por medio de la derogación o abrogación en sí misma, sino porque concluyó el tiempo para el cual estuvo vigente en virtud de su propia disposición o en virtud de la disposición de otra norma, o porque efectivamente la norma ya no es obedecida y aplicada; es decir, que ha perdido su eficacia, cual a su turno, es una condición irreductible de su vigencia misma.