SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2021-S3

Posteriormente, por Auto Supremo (AS) 2/2012 de 15 de febrero, los entonces Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo referencia a que se cumplieron con las exigencias para su extradición, incurrieron en una serie de actuados innecesarios, como ser su traslado de Tarija a Sucre, además de ello no está tomando en cuenta los plazos procesales establecidos en el Tratado de Extradición suscrito el 22 de agosto de 2013, entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, que en su art. 13 señala: “‘El traslado deberá efectuarse dentro de los 45 días desde la comunicación a la Parte Requirente de la decisión sobre la entrega…’” (sic), y en caso de que no se pudiera efectuar el traslado en ese plazo, se puede dar una prórroga de quince días, por una sola vez, vencidos esos plazos, si no se realizó el traslado, la persona será puesta en libertad y la parte requerida no podrá volver a pedir la extradición por ese delito.

Mediante providencia de 9 de octubre de 2019, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija -ahora coaccionado-, en cumplimiento al AS 2/2012, ejecutó el mandamiento de detención con fines de extradición, evidenciándose que se encuentra detenida desde la última fecha señalada; es decir, cincuenta y cinco días; por lo que de manera ilegal y sin fundamento se sobrepasó el plazo de diez días establecido en el Tratado de Extradición.

El 25 de noviembre de 2019, presentó un memorial ante el Tribunal Supremo de Justicia, a efectos que se tome en cuenta que el plazo de cuarenta y cinco días establecido para su detención se cumplió y, en consecuencia, se ordene su libertad de manera inmediata, más aún, considerando que es una persona de la tercera edad y enferma; sin embargo, “hasta la fecha” -se entiende hasta la presentación de esta acción de defensa- no obtuvo respuesta alguna y permanece detenida.