SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2021-S3

El accionante, a través de su abogado, en audiencia reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándolos, manifestó que: 1) Cuando se apersonó a la Unidad de Anticorrupción dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, para prestar su declaración como testigo, fue inmediatamente aprehendido sin previa citación; 2) La aprehensión y notificación con la Resolución de aprehensión de 18 de julio de 2019, se produjo a horas 16:00 de la misma fecha, y recién a las 22:00 se le tomó su declaración informativa, celebrándose a las 11:00 del día siguiente la audiencia de consideración de medidas cautelares; 3) De acuerdo a los entendimientos de la SC “0530/2003” sobre el art. 226 del CPP, deben cumplirse cuatro requisitos esenciales que no fueron considerados en la citada Resolución de aprehensión, incluso los Fiscales de Materia emitieron la misma sin cumplir con la motivación y fundamentación prevista por el art. 73 del nombrado cuerpo normativo; 4) Los dos fundamentos del Juez de la causa para declarar “infundado” su incidente fueron que no se cumplió con los principios sobre defectos absolutos y relativos según señala el AS 463/2016-RRC, y que la Resolución de aprehensión de 18 de julio de 2019, era correcta pues no se necesita que sea ampulosa; 5) Con relación a las medidas cautelares, debe tenerse presente que las pruebas obtenidas dentro del marco de la aprehensión ilegal, no pueden ser tomadas en cuenta; 6) Con relación al domicilio, se acreditó la titularidad, habitabilidad y habitualidad, siendo el domicilio que habita gratuito por ser propiedad de su padre, sin poder realizarse la verificación debido a que fue puesto ante el Juez a quo antes de las veinticuatro horas; y, 7) La prueba fundamental consistente en el “mandamiento” se encuentra bajo custodia de los Fiscales de Materia, así como todo el cuaderno, por tal razón los otros coimputados se encuentran en libertad.              

Sobre esta temática procesal con connotación constitucional en cuanto a la idoneidad de los recursos utilizados a efectos de desvirtuar la subsidiariedad excepcional glosada ut supra, la SCP 0015/2021-S3 de 23 de febrero, asumió los siguientes entendimientos: «(…) el derecho a recurrir el fallo ante un Juez superior se encuentra consagrado en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el art. 180 de la CPE, en ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este tópico, sostuvo que: “…el derecho a impugnar el fallo ‘busca proteger el derecho a la defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses de una persona”[1]; en ese marco, en el sistema penal boliviano, el Código de Procedimiento Penal, a lo largo de su desarrollo establece distintos medios recursivos de los que pueden valerse los sujetos procesales inmersos en una causa penal, para someter a revisión por un Tribunal superior aquella decisión de la autoridad de instancia que consideran lesiva a sus derechos y garantías constitucionales, siendo una de estas la denominada “apelación incidental” que dentro del contexto normativo antes referido, por especialidad abarca a dos familias de resoluciones con naturaleza y alcance diferentes, así se tiene: i) La apelación incidental regulada por el art. 251 del CPP, que procede única y exclusivamente contra toda aquella resolución relativa al régimen de medidas cautelares de carácter personal, que de conformidad a dicho artículo se interpone “…en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas” y es resuelta por el Tribunal de apelación “…sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; y, ii) La apelación incidental regulada por el art. 403 y siguientes del citado código, que procede, entre otras actuaciones, contra la Resolución: “…2) (…) que resuelve una excepción o incidente…” (el énfasis es agregado), que en relación a la forma de su interposición, el art. 404 del mismo Código adjetivo, precisó que: “El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente…” (las negrillas nos corresponden), por otro lado, respecto a su trámite el art. 406 del citado Código estipula que: “Recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez (10) días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 399 de este Código…”; no obstante, el procedimiento descrito fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que entró en vigencia en los nueve Distritos Judiciales del país de forma paulatina desde el 4 de noviembre de 2019, en cuyo art. 16, estableció que: “Se modifican los Artículos 403, 404, 405 y 406 (…) del Código de Procedimiento Penal (…), cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos: (…) ‘Artículo 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente (…)’. ‘Artículo 406. (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código’” (las negrillas nos corresponden), de modo que, aquellas apelaciones incidentales formuladas en mérito al art. 403 del CPP, contra resoluciones pronunciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley 1173, deben sujetarse en su interposición, tramitación y resolución a las disposiciones modificatorias antes citadas.