SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0135/2021-S3
Fecha: 04-May-2021
a)
La accionante a través de sus abogados, ratificó los términos expuestos en su memorial de demanda constitucional y ampliándolos sostuvo que: a) Sobre la cláusula séptima del contrato, considerada por los Vocales accionados, debe tenerse presente que la vía arbitral es respecto a controversias y desacuerdos en la negociación que es distinto a un ilícito penal, careciendo este punto de la Resolución impugnada de motivación, fundamentación y congruencia; b) La SCP “830/2017-R”, invocada por las prenombradas autoridades, aludiendo que la vía penal es de última ratio, fue emitida respecto de los delitos de abuso de confianza, despojo y posesión, delitos donde los bienes pueden ser restituidos porque no han sido consumidos, por lo que no resulta vinculante; fallo constitucional que fue modulado por la
SCP 477/2015-S1 de 15 de mayo, la cual indica que independientemente de que exista una cláusula de compromiso que obligaría a renunciar a la vía ordinaria para que la controversia se resuelva arbitralmente ante la Cámara de Comercio, “…se incide en un proceso penal…” (sic), porque la adecuación de una conducta jurídica es atribución de la jurisdicción ordinaria; c) La controversia no es un delito, por ello la cláusula arbitral no puede restar competencia a la jurisdicción penal; además, emerge de un contrato civil-comercial; d) La base del proceso es el “contrato criminal” que fue considerado por el Ministerio Público y fundamentado por la parte demandante, estableciéndose indicios sobre tal calidad; y, e) Al señalar que una autoridad arbitral debe resolver la controversia, se lesiona el principio del juez natural.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- NEGBOL, QUIÑABEL Y VICTORIA
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- Fragmento 14
- III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
- la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador,
- la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
- Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos
- el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión
- Fragmento 20
- III.2. Análisis del caso concreto
- 2)
- 3)
- Fundamentación y motivación del Auto de Vista 130/2019
- CONFIRMAR en parte