SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2021-S2

Sucre, 4 de junio de 2021

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: MSc Carlos Alberto Calderón Medrano

Acción de amparo constitucional

Expediente: 34735-2020-70-AAC

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 001/2020 de 8 de julio, cursante de fs. 191 a 200, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norberto Valencia, Claudia Soliz Pinto, Gustabo Chirinos Mejía, Rafael Rojas Orellana, María Lus Hidalgo Mérida de Delgadillo, Martina Serna Meneses de Herrada y Elizabeth Castellón Pérez contra Rodolfo Torrico Rojas, Candelaria Vargas, Orlando Montaño Araoz, Mirian Cossio Villarroel, María Luz Delgadillo López, Mario Camacho Vidal y Pablo Parra Cossio, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 25 de junio, y 7 de julio, todos de 2020 cursantes de fs. 83 a 85 vta.; 87 a 89; y, 141 a 143, los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco del ejercicio de sus funciones como Concejales Titulares del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba realizaron un acuerdo voluntario con los Concejales suplentes, en cuyo mérito solicitaron licencia a objeto que estos últimos puedan asumir la titularidad de sus curules, extremo que fue aceptado por el Pleno del Concejo de ese Municipio el 8 de enero de 2018; iniciando a partir de ese mes los aludidos suplentes el ejercicio del cargo.

El 20 de mayo de 2020 “solicitaron” al Pleno del referido Concejo Municipal su reincorporación como Concejales Titulares, debido a la prórroga de la gestión como consecuencia de su pandemia del COVID-19; sin embargo, la Secretaría de ese ente edil se negó a recibir la petición, por lo que tuvieron que acudir a una Notaria de Fe Pública a esos efectos; ante el caso omiso del requerimiento reiteraron el mismo el 1 de junio de igual año; en ese marco, a través de misivas de 5 y 10 de junio del citado año también pidieron que se les extienda copia legalizada de sus solicitudes de renuncia de licencia, aspecto que tampoco fue atendido; extremo que vulnera sus derechos al trabajo, al ejercicio de la ciudadanía y a la petición, que se hallan consagrados en los arts. 46 y 144 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, les habría ocasionado “grave daño y perjuicio” pues necesitan retornar de forma inmediata a sus funciones para sancionar normas que permitan afrontar la mencionada pandemia.

Por otro lado, señalaron que no perdieron su mandato como Concejales Titulares, ya que no se configuró la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, renuncia expresa, revocatoria, fallecimiento o incapacidad; extremos que darían lugar a que se desvanezcan sus mandatos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos de petición, al trabajo y a “ejercer sus derechos ciudadanos” (sic); citando al efecto los arts. 24, 46.I.2, 115.II y 144 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Al Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba la restitución a sus cargos como Concejales del referido ente edil; y, b) La condenación de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de julio de 2020, según consta en acta cursante de fs. 187 a 190, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, mediante de su representante legal y abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) El art. 20 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, establece que entre las obligaciones de los concejales se halla la de no impedir que los titulares se reincorporen a sus curules luego de haber cumplido una licencia justificada, norma que coincidiría con la Ley de Régimen Electoral -Ley 026 de 30 de julio de 2010-,; 2) Ante el incumplimiento de esa determinación es que solicitan a través de la presente acción de defensa, la restitución a sus cargos obtenidos mediante elección; y, 3) Respecto al desistimiento presentado por la accionante Claudia Soliz Pinto, se tiene que el mismo sería como consecuencia de la presión ejercida en su contra por algunos movimiento sociales; lo que, consideran como medidas de hecho, situación que también impidió que se pueda desarrollar la audiencia tutelar programada para el 2 de julio de 2020.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rodolfo Torrico Rojas, Candelaria Vargas, Orlando Montaño Araoz, Mirian Cossio Villarroel, María Luz Delgadillo López, Mario Camacho Vidal y Pablo Parra Cossio, Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, remitieron informe escrito de 2 de julio de 2020, cursante de fs. 125 a 128 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) Respecto a la supuesta vulneración del derecho de petición, la carta de 20 de mayo de 2020 de solicitud de reincorporación suscrita por Norberto Valencia, Claudia Soliz Pinto, Gustabo Chirinos Mejía, Rafael Rojas Orellana, María Luz Hidalgo Mérida de Delgadillo, Martina Serna Meneses de Herrada y Elizabeth Castellón Pérez, fue presentada por Irma Cecilia Claros, Notaria de Fe Pública 2 de Tiraque, aspecto que “vulnera las formalidades de presentación” de este tipo de solicitudes; asimismo, de los siete suscribientes sólo se presentaron un par; no obstante, la referida misiva fue puesta en consideración del Pleno del Concejo Municipal el 21 de igual mes y año, donde se dispuso que se ponga en conocimiento de las organizaciones sociales de ese municipio para luego considerar el fondo de la misma, extremo “…que fue puesto en conocimiento de los solicitantes en Mesa de Partes…” (sic) el 25 del precitado mes y año; ii) En relación a la carta de 2 de junio de similar año, a través de la cual reiteraron su solicitud, la misma fue analizada el 18 de igual mes y año en sesión ordinaria, en cuyo marco la “concejal en ejercicio Sra. María Luz Delgadillo López” (sic) informó que Rafael Rojas Orellana (Concejal Titular) indicó previamente que no suscribió los mencionados documentos de reincorporación; razón por la que, se decidió que los hoy accionantes presenten sus peticiones de manera individualizada y de manera personal; determinación con la que fueron “notificados” los nombrados el “25 de mayo de 2020” (sic); empero, no se apersonaron a ese ente municipal a recoger la indicada respuesta; por lo que, no se configuró la lesión aludida; iii) Asimismo, la no presentación de las referidas solicitudes individualizadas impidió que el Pleno del Concejo Municipal resuelva ese pedido; consecuentemente, al no haber dado cumplimiento a esa formalidad y hallarse pendiente de resolución la solicitud de reincorporación, corresponde denegar la tutela por inobservancia al principio de subsidiariedad; iv) Por otro lado, no se indicó en la acción de defensa al tercer interesado, que en este caso vendría a ser el Alcalde del precitado Municipio, ya que ante la eventualidad de una concesión de tutela podrían generarse consecuencias administrativas y un grave daño económico a la institución y considerando que “no se cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales” (sic) también se pone en riesgo la gobernabilidad de esa entidad; motivo por el cual, solicitan que se deniegue la tutela; v) Con relación a la supuesta lesión del derecho al trabajo, se advierte que los demandantes de tutela no hicieron mayor mención a este aspecto; y, vi) Los ahora impetrantes de tutela están facultados para pedir su “rehabilitación” como concejales; empero, no cumplieron aspectos formales, así como tampoco presentaron solicitud alguna ante el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Tiraque del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 001/2020 de 8 de julio, cursante de fs. 191 a 200, concedió en parte la tutela con relación a la solicitud de las copias legalizadas realizada por los impetrantes de tutela mediante cartas de 5 y 10 de junio de 2020, disponiéndose que el Presidente del Concejo Municipal de ese Municipio responda de manera formal a las mismas y se le condena en costas; y, denegó respecto al pedido de restitución a los cargos de concejales, determinación asumida con los siguientes fundamentos: a) Mediante carta notariada de 20 de mayo de 2020, los accionantes solicitaron al Presidente del Concejo Municipal de Tiraque, deje sin efecto sus licencias indefinidas; asimismo, comunicaron su voluntad de reasumir sus funciones como Concejales Titulares de ese Municipio; al respecto, mediante proveído de 21 de igual mes y año, la referida autoridad edil indicó que dicho extremo sea puesto en conocimiento de las organizaciones sociales; elemento con el que los hoy demandantes de tutela fueron notificados mediante cédula en la mesa de partes de esa entidad; b) Solicitud reiterada a través de carta de 1 de junio de igual año, que fue atendida por providencia de 18 de similar mes y año, en cuyo mérito la mencionada autoridad dispuso se ponga en conocimiento de los peticionantes de tutela el Voto Resolutivo de 1 de idéntico mes y año, emitido por organizaciones sociales de ese Municipio, y que a efectos de considerar sus pedidos, los mismos sean presentados de manera individualizada y personal; determinación con la que también fueron notificados los ahora solicitantes de tutela mediante cedulón en la mesa de partes de esa institución; c) En tanto se halle pendiente el cumplimiento de esa exigencia por parte de los impetrantes de tutela (presentación de solicitud de reincorporación de manera personal en forma individual o conjunta) para que el Pleno del señalado ente deliberante resuelva esas solicitudes, “…no sea evidenciado la vulneración al derecho de petición denunciados…” (sic); en ese sentido, también corresponde denegar la tutela con relación al pedido de reincorporación por no haberse agotado el principio de subsidiariedad; d) Tampoco se advierte lesión del derecho al trabajo, pues hasta el momento los accionantes se encuentran con licencia indefinida; e) Con relación a la supuesta lesión del derecho al “ejercicio de la ciudadanía” los accionantes no han realizaron ninguna fundamentación al respecto, por lo que no amerita su análisis; f) Sobre las cartas de 5 y 10 de junio del precitado año; a través de las cuales, los peticionantes solicitaron al Presidente del Concejo del citado Municipio la extensión de copias legalizadas, se advierte que las mismas no fueron atendidas; por lo que, concluye la vulneración del derecho de petición en relación a ese aspecto, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela respecto a ello; y, g) Finalmente, de acuerdo al desistimiento de la acción planteado por Claudia Soliz Pinto, conforme a lo establecido en la SCP 1007/2019-S2 de 21 de noviembre, la única oportunidad para realizar esa actuación es “antes de señalado el día y hora de audiencia” (sic), en el caso de autos dicho extremo fue realizado de manera posterior a ese evento procesal; por lo que, rechazó ese pedido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursan credenciales de Concejales Titulares del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, emitidos por el Tribunal Departamental Electoral del mismo departamento, de conformidad al Acta de Cómputo de Elección Subnacional de 29 de marzo de 2015, en favor de Elizabeth Castellón Perez, Norberto Valencia, Claudia Soliz Pinto, Gustabo Chirinos Mejia, Rafael Rojas Orellana, María Lus Hidalgo Merida de Delgadillo y Martina Serna Meneses de Herrada (fs. 8 y 14).

II.2. Corren cartas de 3, 5 y 8 de enero de 2018, a través de las cuales Norberto Valencia, Martina Serna Meneses de Herrada y Rafael Rojas Orellana, Concejales titulares, solicitaron al Presidente del Concejo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, respectivamente, licencia indefinida con el objeto de “dar curso a la alternancia”, a tiempo de pedir que se convoque a sus correspondientes suplentes (fs. 19, 23 y 24).

II.3. Mediante carta de 20 de mayo de 2020, dirigida al Directorio del Concejo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, los hoy impetrantes de tutela señalaron al haber “desaparecido la causa que dio lugar” a sus licencias indefinidas ponen fin a la misma y solicitaron retornar al ejercicio de sus funciones como Concejales Titulares de ese Municipio y en ese sentido se les facilite el retorno a sus actividades; en cuyo reverso consta el cargo de recepción del mencionado ente edil con igual fecha (fs. 20 a 21 vta.); asimismo, cursa Certificación de entrega de carta notariada, emitida por Irma Cecilia Claros, Notaria de Fe Pública 2 de Tiraque del citado departamento (fs. 22); solicitud reiterada por misiva de 2 de junio del mismo año, ante la ausencia de respuesta (fs. 27).

II.4. A través de carta de 5 de junio de 2020, Rafael Rojas Orellana pidió copia legalizada de su solicitud de licencia indefinida; extremo reiterado mediante carta de 10 de igual mes y año, por el aludido, y así como por Norberto Valencia, Claudia Soliz Pinto, Gustabo Chirinos Mejía, María Lus Hidalgo Mérida de Delgadillo, Martina Serna Meneses de Herrada y Elizabeth Castellón Pérez (fs. 25 a 26)

II.5. Cursa providencia de 21 de mayo de 2020, suscrita por Pablo Parra Cossio y Candelaria Vargas, Presidente y Concejal Secretaria del Concejo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, respectivamente, mediante la cual indican en relación a la nota (se entiende de 20 de igual mes y año), que previamente sea puesta en conocimiento de los dirigentes de las organizaciones sociales “para que con su resultado se proceda como corresponda en derecho” (sic); determinación con la que se notificó a los hoy accionantes mediante cédula en la mesa de partes de esa entidad (fs. 113 y vta.).

II.6. Corre Resolución de 18 de junio de 2020, suscrita por Orlando Montaño Araoz, Presidente del Concejo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, en la que se señala que las organizaciones sociales de ese municipio hicieron conocer su posición mediante voto resolutivo frente a las solicitudes de reincorporación de los hoy accionantes; respecto al cual, se dispone que sea puesto en conocimiento de los aludidos; por otro lado, María Lus Delgadillo López -codemandada- indicó que Rafael Rojas Orellana -accionante- habría manifestado que no realizó solicitud alguna ante el aludido ente edil; determinación con la que se notificó a los impetrantes de tutela mediante cédula en la mesa de partes de esa entidad (fs. 121 a 122).

II.7. Mediante memorial de 7 de julio de 2020, la solicitante de tutela Claudia Soliz Pinto desistió de la presente acción de amparo constitucional, con el argumento de haberla suscrito bajo presión y amenaza; asimismo, señaló que en mérito al compromiso asumido con su suplente y con las organizaciones sociales no pretende retomar su cargo de Concejal (fs. 145 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos de petición, al trabajo y a “ejercer sus derechos ciudadanos” (sic); toda vez que, luego de haber solicitado en enero de 2018, licencia indefinida a sus cargos de Concejales Titulares del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, ante la prórroga de la gestión municipal, a través de varias cartas dirigidas al Pleno de ese ente edil hicieron conocer que dejaban sin efecto las mismas, pidiendo la restitución a sus labores; extremo que no fue atendido, y tampoco su nota de copias legalizadas de sus “solicitudes de renuncia”.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La reconsideración y el recurso de revocatoria y jerárquico, en el actual contexto jurídico municipal como medios de impugnación facultativos del administrado frente a la interposición directa de la acción de amparo constitucional

La Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, preveía la reconsideración como un medio de impugnación frente a actos administrativos (ordenanzas y resoluciones municipales) emitidos por el órgano legislativo municipal; asimismo, contenía en su andamiaje los recursos de revocatoria y jerárquico contra resoluciones emitidas por el ejecutivo municipal; sin embargo, como consecuencia de su abrogación a través de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, dichos instrumentos impugnatorios también dejaron de existir, pues la mencionada norma edil no la recogió o la sustituyó por otra de similar característica.

Frente a ello, en un caso en el que se rechazó un recurso de reconsideración presentado contra una resolución municipal por su nomenclatura; es decir, porque el administrado presentó su impugnación bajo esa denominación en lugar del recurso de revocatoria, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0003/2018-S2 de 21 de febrero, razonó que ante el vacío normativo sobre el régimen de las impugnaciones en la esfera edil (ejecutivo y legislativo), resulta posible aplicar de manera supletoria los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002; toda vez que, no deben existir actos de la administración pública que sean inobjetables o incuestionables; debiendo observarse al respecto las reglas allí establecidas que rigen a este tipo de recursos, no siendo un óbice a objeto de su consideración y resolución el nombre con el que se presenten, pues a la luz del principio de informalismo que rige a la administración pública (art. 4 inc. l) de la Ley de Procedimiento Administrativo [LPA]), es permisible a esa instancia interpretar el recurso de acuerdo a la intención del recurrente, soslayando errores de forma; así, de manera textual el citado fallo constitucional señaló: “Por otro, en vigencia de la Ley de Municipalidades (abrogada), era posible aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, pero de manera supletoria; es decir, en aquellos aspectos en los que la norma especial encuentre algún vacío; no obstante, al haber previsto la Ley de Municipalidades los recursos de revocatoria y jerárquico y los plazos para su interposición en los arts. 140 y 141, estos eran de aplicación preferente en relación a la Ley de Procedimiento Administrativo, que también regulaba los recursos de revocatoria y jerárquico en sus arts. 64 al 67.I, dado que esta última venía a ser la norma de carácter general, en resumen, ambas Leyes -de Municipalidades y de Procedimiento Administrativo-, disciplinaban la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, siendo la primera de las nombradas la norma específica que se aplicaba en detrimento de la norma general que era la segunda.

Empero, en el contexto normativo que rige actualmente en Bolivia, al haber abrogado la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales la Ley de Municipalidades; y toda vez que de la lectura del texto de la primera normativa legal, se tiene que la misma no prevé específicamente sobre los recursos administrativos recursivos ni pormenores de su tramitación en el ámbito municipal; es decir que, no trata el recurso de revocatoria ni el jerárquico, resulta permisible se aplique los citados recursos configurados en la Ley de Procedimiento Administrativo de manera supletoria, que tiene carácter general ante la falta de previsión de la norma especial.

En ese orden, aquellas resoluciones de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente en el ámbito municipal, pueden ser impugnadas a través de los mecanismos de los recursos de revocatoria y jerárquico, previstos en los arts. 64 y 66 de LPA, pues su aplicación -se reitera- es supletoria, siendo por lógica consecuencia aplicable también los plazos administrativos señalados en dicha Norma.

Señalar en este punto, que la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace extensiva en observancia a la protección del derecho a la impugnación, dado que no es posible que existan actos de la administración pública que queden perpetrados o firmes y gocen de carácter de inmutable o irrevisables, en todo caso, lo que se intenta es efectivizar el reconocimiento a quienes intervienen como actores en la administración pública que son pasibles de resoluciones que revisten carácter administrativo, la posibilidad de controvertir, impugnar o cuestionar una resolución que a su criterio les afecte.

Es menester indicar en este punto, que el Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias, debe regular estos aspectos, conforme el art. 4.I inc. a) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), concordante con el art. 16.4 de la misma Norma que estipula: “En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”; no obstante, en tanto aquello ocurra y dado que como ya se señaló no es posible dejar al ciudadano boliviano exento de mecanismos de impugnación, la jurisdicción constitucional, vía interpretación, concluye y reitera que en tanto sean los gobiernos autónomos municipales quienes regulen estos aspectos, es plenamente posible, afirmar que de manera supletoria, debe aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, siempre que se traten de resoluciones que revistan carácter administrativo”.

(…)

“‘De lo precedentemente expresado, es posible concluir, que gracias al principio de informalismo, el procedimiento administrativo, se encuentra exento de exigencias formales no esenciales, como ser la errónea calificación del recurso, flexibilización que encuentra su razón y que tiene por finalidad, asegurar una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada, en ese mérito, es menester que la autoridad interprete el recurso, no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del peticionante, corrigiendo equivocaciones formales del administrado’” (las negrillas son nuestras).

En el análisis del caso concreto la mencionada SCP 0003/2018-S2, estableció: “Bajo esa lógica, si bien es comprensible que el Concejo Municipal de Laja afirme que el recurso de reconsideración ya no se encuentra vigente en la normativa jurídica, debió en todo caso, bajo la figura del recurso de revocatoria, resolver el tema de fondo planteado por el ahora accionante cual era el tema de la reposición de la Planimetría, precisamente amparado en el principio de informalismo antes aludido, sabiendo que si bien el ahora accionante había equivocado el camino, se entendía que la pretensión apuntaba a una nueva consideración o reanálisis de la negativa expresada en la Resolución Municipal 0108/2016.

Si bien resulta evidente, que de permitir el planteamiento del recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, ya no existiría una autoridad superior que pueda dilucidar el eventual planteamiento de un recurso jerárquico, no es menos cierto, que ante la inexistencia de recurso de reconsideración, a ser planteado contra resoluciones del Concejo Municipal, en tanto no se regule por las entidades municipales, debía resolverse la solicitud como recurso de revocatoria, con el objeto de tener un pronunciamiento sobre el fondo de lo cuestionado, teniéndose conforme lo establecido en el art. 69 inc. c) de la LPA, agotada la vía administrativa cuando se trate de resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que la ley establezca lo contrario” (las negrillas nos corresponden).

Como se advierte el citado fallo constitucional, en atención a los principios pro actione, informalismo y de impugnación, entendió que mientras el legislador municipal no incorpore en su ordenamiento el régimen de impugnaciones frente a resoluciones ediles de carácter administrativo, el justiciable puede hacer uso de los recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin importar la nomenclatura del medio impugnatorio (reconsideración, revocatorio o jerárquico), debiendo prevalecer frente a esa formalidad la intención del administrado de objetar una decisión de índole administrativa que lesiona sus derechos, pues como se tiene ampliamente señalado, la administración pública está regida por el principio de informalismo para el administrado.

De ello, cabe advertir que la intención del máximo intérprete de la Norma Suprema a tiempo de confeccionar la referida SCP 0003/2018-S2, fue aclarar que el administrado tiene la posibilidad de recurrir resoluciones municipales de carácter administrativo, no siendo un impedimento para eso la nomenclatura que utilice para denominar al medio impugnatorio; esto, ante el silencio de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales sobre la materia y en tanto los referidos entes gubernamentales no regulen el régimen de impugnaciones en su normativa; en ese sentido, esclareció al justiciable que tiene la oportunidad de acudir para esos efectos a los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En virtud a lo descrito precedentemente, este Tribunal mediante la SCP 1223/2019-S1 de 16 de diciembre, estableció de manera tácita como subregla al precedente constitucional desarrollado en la citada SCP 0003/2018-S2, la exigencia de agotamiento de los recursos administrativos frente a resoluciones municipales de carácter administrativo como requisito necesario para poder activar una acción de defensa ante la persistencia de la lesión, indicando que: “Determinación contra la cual, la ahora accionante en la sesión extraordinaria de 24 de diciembre de 2018, o posterior a ella, no interpuso recurso de reconsideración o revocatoria -pues consideró que contra la referida Resolución no procedería ningún recurso o medio de impugnación-; empero, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al no estar regulado el tema de impugnaciones en su normativa interna -Reglamento General del Concejo Municipal de Tiquipaya, aprobado mediante Resolución Municipal 112/2016- (Conclusión II.5) mismo que guarda silencio al respecto, corresponde bajo el principio de supletoriedad la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, que faculta la interposición del recurso de revocatoria a efectos de que se resuelva el tema de fondo, previamente a acudir a ésta instancia constitucional; en ese sentido, cuando se pretenda impugnar una Resolución pronunciada por el Concejo Municipal que reviste carácter administrativo, la vía idónea es el recurso de revocatoria (énfasis añadido).

Subregla reiterada en el AC 0051/2020-RCA de 28 de febrero que declaró improcedente, una acción de amparo constitucional debido a que los accionantes no hicieron uso de recurso alguno para impugnar una resolución municipal emitida por el ente legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta del departamento de La Paz; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0360/2020-S3 de 20 de julio, 0287/2020-S3 de 22 de julio, 0142/2021-S2 de 13 de mayo.

Sin embargo, en el marco de una interpretación favorable en relación al administrado en la esfera municipal, este Tribunal Constitucional mediante la SCP 0678/2020-S2 de 12 de noviembre, rescatando el espíritu de la precitada SCP 0003/2018-S2 precisó que ante el vacio normativo municipal sobre el régimen de las impugnaciones frente a resoluciones ediles de carácter administrativo, el justiciable puede hacer uso de los recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, añadiendo que aquello constituye un elemento de carácter facultativo a favor del administrado, ante la inexistencia de norma especial al respecto. Asimismo, complementó dicho razonamiento estableciendo que aquellos casos “…también es posible que sea directamente demandada vía acción de amparo constitucional como ocurre en el asunto traído en revisión, ello en observancia del principio pro actione para la protección de los Derechos Humanos; máxime, si en el caso de autos no existe interpuesto ningún recurso pendiente ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Punata; por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática”.

En ese sentido, la subregla desarrollada de manera tácita en la SCP 1223/2019-S1, entendió que previamente a acudir a la justicia constitucional, el justiciable debe agotar los recursos impugnatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo; razonamiento que debe ser cambiado a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues, ante el vacío normativo sobre medios de impugnación para rebatir resoluciones de carácter administrativo municipal, en el que incurrió el legislador en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la ausencia normativa de ese nivel gubernativo sobre esa misma cuestión, no resulta acorde a los principios pro actione, pro persona, favor debilis, de progresividad y favorabilidad (que rigen a los derechos humanos), exigir al administrado que agote los recursos que la ley especial no prevé y que tampoco establece de manera expresa la norma supletoria aplicable.

En ese orden, recogiendo el entendimiento glosado en la SCP 0678/2020-S2 y rescatando los entendimientos jurisprudenciales en materia de derecho administrativo municipal favorables al administrado, es posible establecer que ante la ausencia normativa sobre el régimen de impugnaciones en la economía jurídica municipal, el administrado tiene la opción de hacer uso de los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo para objetar resoluciones municipales de carácter administrativo (en cuyo caso el administrado debe tener presente la integración de los principios de informalismo con el de impugnación), como también de acudir de forma directa a la jurisdicción constitucional con el mismo objeto, siempre que no hubiere activado previamente la vía administrativa, en cuyo mérito se halle pendiente de resolución alguno de los recursos interpuestos, situación última que dará lugar a la denegatoria de tutela por activación paralela de dos jurisdicciones.

III.2. Derecho a la ciudadanía vinculado con el derecho a ejercer la función pública

Al respecto la SCP 0257/2015-S1 de 26 de febrero, establece que: [Con relación al derecho que les asiste a los ciudadanos a ejercer una función pública, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, entre otras en la SCP 0567/2012 20 de julio, al señalar que:

“…el derecho a ejercer la función pública, se encuentra íntimamente ligado al derecho a la ciudadanía, consagrado en el art. 144 de la CPE, derecho que tiene doble dimensión, por cuanto por un lado consiste en el derecho de concurrir como elector o como elegible y por otro, es el derecho al ejercicio de funciones en los órganos de la administración pública, salvo las excepciones establecidas por ley, sin más requisitos que los contenidos en el art. 234 de la Norma Suprema.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 23.1, ha señalado:

'Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país'.

(…)

Jurisprudencia respecto al ejercicio y control político y la función pública

La SC 0657/2007-R de 31 de julio, determinó que: '…derecho del recurrente a ejercer el cargo para el que fue electo consagrado en el art. 40.2 de la CPE, que dispone que la ciudadanía consiste «En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley», mandato que consagra la prerrogativa que tiene todo ciudadano, de poder ser elegido o designado para el ejercicio de funciones públicas, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que califiquen su idoneidad, o de los procedimientos democráticos electivos para el caso de servidores públicos electos; y que también implica, una vez que se ejerce el cargo, el derecho a ejercer materialmente ese cargo, no sólo como derecho constitucional, sino como una realidad fáctica que satisfaga las necesidades económicas y laborales del ciudadano electo.

Además, la protección a dicho derecho implica que la persona esté en posibilidad de cumplir una labor en condiciones dignas y justas. Por lo tanto, el impedir desempeñarse a una persona en el cargo para el cual ha sido electa o designada, o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan gravemente su derecho a ejercer esa función pública, y también el derecho al trabajo; ya que éste consiste en: «…la potestad y facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia económica, en sí es la facultad que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario, así como el de su familia».

Así como el art. 144.II.2 de la CPE, consagra el derecho del ciudadano “a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley”, de lo que se colige, que cualquier acción que se realice para impedir de alguna manera este ejercicio, lesiona ese derecho cuando no existe una causal legítima, que justifique el privarle cumpla con las funciones para las que ha sido electo, además de vulnerarle también el derecho al trabajo que está vinculado directamente, con el desempeño en función al cargo; en consecuencia, al estar consagrado este último derecho como fundamental, en caso de lesión, encuentra protección constitucional a través de la acción de amparo constitucional, instituida por el art. 128 y ss de la CPE.

De la misma manera, la legislación comparada, también tutela el derecho a ejercer la función pública, referente a las autoridades electas; es decir, a las elegidas por voto popular, como es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que encuentra procesalmente válido acudir a la acción de tutela por estar involucrado el ejercicio de derechos políticos para momentos definidos en la propia Constitución, que por lo mismo no pueden ser sustituidos o postergados, considerando que la tutela es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, así lo definió en la Sentencia T-778 de 2005, al señalar:

«La acción de tutela busca, en este caso, impedir la exclusión del ejercicio del derecho político a representar, cuando quien la invoca ya ha sido elegida mediante voto popular para ocupar un cargo en una corporación pública. El derecho político a representar, del cual es titular quien ha sido elegido por el sistema uninominal o quien pertenece a una lista que ha obtenido escaños en una corporación pública, es un derecho que se ejerce en momentos constitucionalmente preestablecidos que no pueden ser sustituidos o postergados. El derecho de participación política, en una de sus manifestaciones, se materializa como el derecho a ser elegido, es decir a representar a una colectividad. El ejercicio de este derecho, dependiendo del cargo, se encuentra circunscrito a un límite temporal que comprende un período establecido por la Constitución. (…) Existen límites temporales para el ejercicio del derecho de representación que están claramente fijados por la Constitución. Por lo tanto, el ejercicio del derecho no puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y de cualquier manera, sino que responde a una delimitación constitucional aplicable por igual a toda una misma corporación pública. Por lo tanto, en el caso concreto se encuentra en entredicho la oportunidad del ejercicio de un derecho fundamental. Cada día que pasa equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes votaron para elegir a una persona para que los represente en una corporación pública. Se reúnen entonces los requisitos de certeza e inminencia necesarios para la configuración de un perjuicio irremediable.

Igualmente se debe tener en cuenta que en el caso no se ha dado la suspensión provisional de la anulación de la elección de la tutelante como concejal de Bogotá, lo que hace que al momento se haya impedido absolutamente el ejercicio del derecho a representar políticamente a quienes la eligieron como concejal por más de un año y, conforme pasa el tiempo, la posibilidad del ejercicio del derecho se va perdiendo irreparablemente. La imposibilidad progresiva, día a día, de ejercer el derecho reafirma la inminencia del perjuicio, al igual que su certeza.

(…)

Por último, dicho perjuicio se configura como urgente ya que conforme pasa el tiempo la posibilidad de ejercer el derecho político va disminuyendo puesto que la naturaleza del derecho comprende unos términos que no es posible postergar o diferir en el tiempo, ni mucho menos reemplazar.

Teniendo en cuenta que el derecho de participación en el poder político es un derecho fundamental, de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 de la Constitución y que en el presente caso se encuentra que la imposibilidad del ejercicio del derecho, para el cual se ha establecido un período determinado constitucionalmente, configura un perjuicio que, de acuerdo a los criterios de la Corte Constitucional, se verifica como cierto, inminente, grave y de urgente atención, esta Sala considera que la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio».

De la jurisprudencia constitucional y legislación comparada citadas, se infiere que el derecho a ejercer una función pública, más aún, cuando se trata de autoridades electas, que son designadas mediante el voto popular y por un periodo determinado, el impedir ejerza el cargo para el que fue elegida, sin causal legítima, constituye un acto ilegal, indebido y arbitrario que viabiliza la protección de la justicia constitucional, en el caso de nuestro orden constitucional, a través de la acción de defensa prevista en el art. 128 y ss de la CPE’”] (el resaltado es nuestro).

III.3. Sobre el derecho de petición y los presupuestos generales para su tutela

Al respecto la SCP 0371/2018-S2 de 24 de julio señala, que: “…de la sistematización de las sentencias constitucionales precedentes, se concluye con los siguientes elementos que se deben considerar a la hora de alegar la lesión del derecho de petición, elementos que no tiene que ser considerados como suma y totalidad, sino que debe contextualizarse según el caso concreto; que son los siguientes: i) La existencia de una petición oral o escrita, sea individual o colectiva, ante ya sea un funcionario o autoridad pública -que alcanza incluso a autoridades incompetentes, las mismas que deben direccionar el trámite, o debiendo en su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud- o particulares; ii) Cuando se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; iii) La falta de respuesta material, o si existe respuesta no se pone en conocimiento del peticionario, en tiempo o plazo razonable a la solicitud; iv) Cuando la solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado, es decir, la respuesta debe ser sobre al fondo de la petición de forma que resulte pertinente y fundamentada, no encontrándose satisfacción con respuestas genéricas o ambiguas; v) La respuesta puede ser en sentido positivo o negativo, sin que se limite a una consecuencia meramente formal o procedimental; vi) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la petición; y, vii) No existe la necesidad de más formalidades que la identificación del peticionario.

En consecuencia, conforme el entendimiento expresado en el parágrafo que precede, se resumen los requerimientos mínimos para que a través de la acción de amparo constitucional, se dilucide la presunta vulneración del derecho de petición”.

III.4. Desistimiento de demanda en acciones de amparo constitucional

La SCP 0631/2020-S2 de 9 de noviembre, indica que: “El AC 0008/2005-O de 26 de abril, precisó que: '…el desistimiento es una forma de conclusión o extinción extraordinaria de un proceso o acción judicial, toda vez que constituye una renuncia o abdicación expresa del demandante o accionante a las pretensiones jurídicas planteadas en la demanda y los derechos perseguidos en ella.

Dicha facultad procesal es aplicable en la jurisdicción constitucional dentro de los recursos que admiten el desistimiento, tal es el caso del recurso de amparo constitucional, siempre y cuando sea expuesto en forma expresa antes del pronunciamiento de la respectiva sentencia constitucional, y no existan razones de orden público o relevancia nacional'.

La SCP 0352/2012 de 22 de junio, respecto a los presupuestos para considerar viable un retiro o desistimiento de la acción de amparo constitucional, señaló que: '…ante una situación donde el accionante presente su desistimiento o retiro de demanda dentro de una acción de amparo constitucional, ya sea ante el juez o tribunal de garantías o en la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, dada la naturaleza de la misma, corresponde a este Tribunal aceptar el desistimiento o retiro sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; sin embargo, para ello se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1) El desistimiento o retiro de la demanda es de carácter voluntario, por lo que debe emerger de una manifestación de voluntad inequívoca y que no denote la existencia de presión o mediación alguna que conlleve al accionante a efectuar contra su voluntad el desistimiento o retiro.

2) El memorial de desistimiento o de retiro de demanda, debe presentarse en forma escrita, con la firma del o de la titular del derecho y la de su abogado, excepto en los casos en los que se hubiese otorgado poder en el que se especifique la facultad de desistir o retirar la demanda; actuado que deberá ser realizado antes del pronunciamiento de la respectiva Sentencia Constitucional, pues aunque se haya enviado por fax el memorial correspondiente, es imprescindible que se presente el memorial original a los fines de constatar su autenticidad.

3) Se aceptará el desistimiento o retiro de demanda, siempre y cuando no existan razones de orden público o relevancia nacional que conlleven a denegar dicha solicitud. En este sentido, en un estado democrático, el orden público no debe entenderse como un fin en sí mismo sino como una situación de paz para el ejercicio de derechos y los valores democráticos, de forma que para la aceptación del desistimiento de un derecho subjetivo en una acción de amparo constitucional, no debe afectarse un bien jurídico constitucional superior'” (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso concreto

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos de petición, al trabajo y a “ejercer sus derechos ciudadanos”, señalando que en enero de 2018 de manera voluntaria solicitaron licencia indefinida a sus cargos de Concejales Titulares para generar “alternancia” con sus suplentes; sin embargo, como consecuencia de la ampliación de la gestión municipal producto de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, mediante notas dirigidas al Pleno de ese ente edil, hicieron conocer su decisión de dejar sin efecto las mencionadas licencias y pidieron su restitución a sus aludidos cargos; extremo que no fueron atendidos por los hoy accionados así tampoco su pedido de copias legalizadas de esas licencias.

Con carácter previo, corresponde abordar el desistimiento incoado por la impetrante de tutela Claudia Soliz Pinto, respecto a la presente acción de defensa; conforme el entendimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.4, se tiene que esta forma de conclusión extraordinaria del proceso constitucional, para surtir efectos debe ser interpuesta sin que medie presión, amenaza o algún tipo de violencia, asimismo debe ser presentada de manera escrita, contar con las firmas del solicitante de tutela y de su abogado, y puede ser interpuesto hasta antes de la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido, del contraste de esos presupuestos con el memorial de desistimiento (Conclusión II.7) se advierte el cumplimiento de los mismos; por lo que, sobre a la citada solicitante de tutela. se tiene por desistida la presente acción de defensa.

Continuando con el análisis de la problemática traída en revisión, se advierte que los hoy accionantes en su calidad de Concejales Titulares del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, el 3, 5 y 8 de enero de 2018 solicitaron al Presidente de ese ente deliberativo sus licencias indefinidas con el objeto de “dar curso a la alternancia” con relación a sus suplentes (Conclusiones II.1 y II.2); bajo ese antecedente, ante la ampliación de la gestión municipal como consecuencia de la declaratoria de cuarentena en el territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19, decidieron retomar sus funciones; a ese efecto, mediante carta notariada de 20 de mayo de 2020 pidieron de manera conjunta al Directorio del Concejo del referido Municipio la restitución de sus curules; extremo reiterado mediante nota de 2 de junio de igual año (Conclusión II.3); sin embargo, mediante providencia de 21 de mayo de igual año, los miembros del referido Directorio indicaron que previo a considerar el pedido de los impetrantes de tutela, este debía ser puesto a consideración de las organizaciones sociales de ese Municipio; posteriormente, a través de la Resolución de 18 de junio de similar año, el Presidente del Concejo Municipal dispuso que se ponga en conocimiento de los peticionantes de tutela el voto resolutivo de los mencionados organismos sociales, en cuyo mérito se rechazó el pedido de retorno a sus funciones de estos. Situación que dio lugar a la formulación de la presente acción de defensa.

Conforme al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, previo a realizar la contrastación entre el problema planteado y el contenido jurisprudencial que la aborda, es pertinente señalar que ante resoluciones municipales de carácter administrativo y en aquellos casos que el régimen de impugnaciones no se halle previsto dentro de la economía jurídica de los gobiernos autónomos municipales, las y los justiciables tienen dos opciones, acudir a los recursos de impugnación establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo o a la acción de amparo constitucional de manera directa, siempre que no se halle pendiente de resolución algún recurso administrativo. Así en el caso de autos, se advierte que las peticionantes de tutela ante la ausencia de una norma municipal que regule el régimen de las impugnaciones y en consecuencia el acceso a la doble instancia frente a resoluciones de rigor administrativo dentro del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del departamento de Cochabamba, optaron por concurrir de manera directa a la justicia constitucional ante la aparente lesión de sus derechos en mérito a una determinación administrativa emitida por referido ente edil; el cual, a la fecha de interposición de esta acción tutelar aún no contaban con carta orgánica y tampoco normativa que regule el sistema impugnatorio respecto a ese tipo de resoluciones.

De acuerdo al entendimiento desarrollado por este Tribunal Constitucional desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que el derecho a la ciudadanía consiste además de concurrir como elector o elegible en una contienda electoral, en el derecho a ejercer funciones públicas; de donde se advierte un vínculo intrínseco entre ambos derechos; en ese sentido, las y los ciudadanos bolivianos que son elegidos autoridades en el marco de elecciones nacionales o sub nacionales pasan a formar parte del sector de funcionarios públicos electos, por un periodo preestablecido; en cuyo mérito deberán desarrollar las funciones para las que fueron elegidos; no pudiendo ser apartados de sus cargos de manera discrecional, sino por causales establecidas en la Constitución Política del Estado y en las leyes o a través de los mecanismos determinados; esto en razón a que su investidura emana de la voluntad del soberano, producto del ejercicio democrático.

En ese marco, se tiene que ante la solicitud de los hoy accionantes de restitución a sus cargos de Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque del citado departamento, cuyo ejercicio se encontraba pausado como consecuencia de una licencia indefinida voluntaria, este pedido fue denegado por el Presidente del Concejo de ese Municipio -hoy demandado- a través de la Resolución de 18 de junio de 2020, en cuyo mérito les indicó que las organizaciones sociales de esa comuna rechazaban ese extremo; aspecto que transgrede el derecho al ejercicio de la función pública como elemento del derecho a la ciudadanía, al impedirles que reasuman sus cargos de Concejales obtenidos mediante voto popular; pues como se tiene señalado en el párrafo anterior, no es posible apartar o impedir el ejercicio de estos derechos, sino por las causas y en las formas establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, mismas que se hallan instituidas en los arts. 28 y 240 de la Norma Suprema, y 12 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-; circunstancias que no se configuraron en el caso de autos.

Con relación a la conculcación de su derecho de petición en razón a que el Presidente del precitado Concejo Municipal no atendió sus notas de 5 y 10 de junio de 2020, mediante las cuales pidieron copias legalizadas de sus solicitudes de licencia indefinida; de la revisión de antecedentes se advierte que dicha afirmación es evidente, pues en obrados no cursa respuesta material a esas peticiones, consecuentemente, corresponde conceder a tutela respecto a ese derecho. Finalmente, con relación a la solicitud de condenación de costas y costas, los accionantes tienen la posibilidad de acudir a la vía llamada por ley, siempre que lo vean conveniente, a los efectos de su determinación.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2020 de 8 de julio, cursante de fs. 191 a 200, pronunciada por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Tiraque del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación al derecho a ejercer funciones públicas como elemento del derecho a la ciudadanía. Empero corresponde dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, puesto que a la fecha de emisión del mismo se advierte que la gestión municipal correspondiente a los impetrantes de tutela feneció como consecuencia de las elecciones municipales realizadas el 7 de marzo de 2021 y actualmente existen autoridades electas para una nueva legislatura; en ese sentido, si bien no es posible que se materialice la restitución de los impetrantes de tutela al cargo de Concejales; sin embargo, se otorga la misma a efectos que puedan acudir a la vía llamada por ley, siempre que lo vean conveniente, con el objeto de que puedan solicitar la reparación del daño que se le hubiere causado como consecuencia de la referida vulneración. Lo propio respecto a la condenación de costas y costos.

2° EXHORTAR a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que elabore una ley que incorpore el régimen de impugnaciones en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, toda vez que esta norma se aplica de manera supletoria en aquellos gobiernos autónomos municipales que no cuentan con sus cartas orgánicas municipales vigentes.

CORRESPONDE A LA SCP 0199/2021-S2 (viene de la pág. 18).

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA