Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2021-S4
Fecha: 10-Jun-2021
Fragmento 46
De los antecedentes que informan la causa y las conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, el 5 de septiembre de 2018, Salome Tarifa Huanca –ahora representada en calidad de accionante–, interpuso denuncia contra Rosalinda Rivero Flores y Rodrigo Chura Tarifa (nuera e hijo, respectivamente, de la entonces denunciante), misma que fue ampliada en sus fundamentos facticos a manera de subsanación el 21 del mes y año mencionados, por la presunta comisión de los delitos de violencia económica, patrimonial y familiar lesiones graves y leves, modificados e incorporados por la Ley 348, en el sustantivo penal, en la que identificó los siguientes elementos facticos: a) El 12 de junio del año indicado, hubiese sido agredida físicamente por su nuera, y que “desde esa fecha no he podido superar hasta este momento” (sic); b) Como persona de la tercera edad, no pudo defenderse de los sindicados, quienes comenzaron a “reñirme e insultarme”; c) Los denunciados le despojaron de su casa, le robaron bienes muebles personales; y, d) El 30 de julio del año citado, le robaron dinero.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- 1)
- denegó
- I.4. Trámite procesal
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Constituyendo la subsidiaridad una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales
- Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos en instrumentos internacionales
- reconociendo sin embargo la doctrina una excepción a esa regla, como son el derecho a la dignidad y a la imagen, a los que se le asigna eficacia post morte; a cuyos supuestos se le asigna a los familiares legitimación para acudir al amparo en procura del reconocimiento del derecho violado
- la justicia constitucional, además de proteger los derechos en su dimensión subjetiva, los tutela en su dimensión objetiva, buscando ‘evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada
- Consiguientemente, considerando la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede cohonestar actos ilegales que ocasionaron su amenaza o vulneración
- el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.
- la parte axiológica y dogmática de la Constitución Política del Estado tenga un peso decisivo no sólo en cuanto a su aplicación directa, sino también porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público.
- Debe recordarse que en el marco del Estado Constitucional, los derechos fundamentales y garantías constitucionales tienen un lugar preeminente en el orden constitucional,
- se reitera que toda la actividad del sistema penal, debe estar limitada por los valores, principios, derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado
- valorando la conducta de las autoridades demandadas y determinando la existencia o inexistencia de actos u omisiones ilegales, precautelando, como se tiene señalado, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales
- no es posible sostener que la muerte de un ser humano, especialmente circunscribiéndose dentro del contexto del proceso de tutela en el cual se pretende el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales
- la muerte del actor
- mujeres
- El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional
- la violencia contra las mujeres es un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación
- la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación a los derechos humanos
- por su razón de edad, género
- El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa
- que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica
- Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas
- Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad
- Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles
- En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer
- Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia
- i)
- En el marco constitucional y convencional expuesto, tenemos que la violencia ejercida contra la mujer en razón de género, al traducirse más de la veces en la lesión del derecho fundamentalísimo a la vida, los derechos a la integridad personal y a la dignidad,
- la importancia del estándar de la debida diligencia que debe guiar la actuación de las diferentes instituciones y órganos del Estado
- La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 44
- III.4.1. Consideraciones previas
- Fragmento 46
- por no existir suficientes elementos para tomar una decisión
- b)
- REVOCAR en parte