SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0248/2021-S4

           En ese marco, a efectos del análisis de los presupuestos necesarios que deben concurrir para hacer posible la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales post mortem, la prenombrada SC 0086/2006-R, estableció dentro de un entonces recurso de amparo constitucional –hoy acción de amparo constitucional–, que los familiares tienen legitimación activa para acudir al amparo de manera excepcional, bajo el siguiente entendimiento: “En definitiva, la titularidad de los derechos fundamentales y las garantías en el caso de las personas naturales, se extingue en principio con la muerte de la persona y, de acuerdo con ello, una vez que ha muerto el titular del derecho lesionado, desaparece el objeto del recurso de amparo, reconociendo sin embargo la doctrina una excepción a esa regla, como son el derecho a la dignidad y a la imagen, a los que se le asigna eficacia post morte; a cuyos supuestos se le asigna a los familiares legitimación para acudir al amparo en procura del reconocimiento del derecho violado” (las negrillas fueron añadidas)

           En ese marco, es menester resaltar que en el sistema constitucional boliviano, la dignidad humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo (art. 8.II de la CPE), sobre el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho fundamental (arts. 21.2 y 22 de la Norma Suprema), a través del cual toda persona tiene la facultad de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana; por tanto, la violencia y en particular la violencia contra la mujer, “…es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”^[1].