Auto Supremo AS/0739/2015-RRC-L

Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.

De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.

a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.

b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.

c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el inter lógico a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.

La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.

El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.

d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.

e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”. (Las negrillas son nuestras)”.

III.3. Análisis del caso concreto.

De la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la denuncia fundada en la supuesta existencia del defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, porque el Juez de mérito no había observado que el cheque girado fue dado en calidad de garantida dentro de un contrato de préstamo; por lo que, se trataría de una relación contractual; argumentó, que el supuesto defecto no es evidente, ya que el A quo tomó convicción de la existencia del hecho; toda vez, que el cheque girado por los imputados habría sido realizado cuando estos ya tenían su cuenta bancaria clausurada, argumentando que el tipo penal de Cheque en Descubierto, también se configura cuando se otorga un cheque en calidad de garantía, conforme lo dispuesto por el art. 204 del CP; argumento del Tribunal de alzada que si bien no es extenso; empero, si es claro, expreso y responde a la realidad probada por el Juez de mérito expuesta en el punto tercero del acápite correspondiente a la valoración y fundamentación jurídica de la prueba, en la que de manera textual expresó: “Que, por las pruebas producidas por la parte querellante, se tiene el Cheque Nro. 0010046 de 1ro de Junio de 2009 girado por los imputados a favor de Miguel Juan Avarado Ralde, correspondiendo a la cuenta Nro. 2041-045390 del Banco Económico, se establece que al reverso se halla rechazado en fecha 2 de junio de 2009 por la falta de fondos, firmado que se halla por el Supervisor y Jefe de Operaciones de dicha entidad bancaria, asimismo se produce y judicializa dos cartas notariadas por el que se conmina a los imputados para su importe total en el plazo de 72 horas, siendo notificados conforme a las diligencias de Fs. 3 y 4 vuelta en fecha 10 de junio de 2009, cumpliendo con la disposición inmersa en el artículo 204 del Código Penal, (…)” (sic)