Auto Supremo AS/0184/2015

Sobre éste particular, conviene tener presente prima facie que en casos como el presente, la nulidad dispuesta por el Tribunal ad quem, constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto.
Esta figura se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los Jueces y Tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe, sin duda, no solo un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación