Auto Supremo AS/0284/2015-RRC-L

Se debe tener presente que el Tribunal de casación, tiene como función esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, a los fines de cumplir con su labor uniformadora y creadora de jurisprudencia, cuyo carácter vinculante, obliga a los Tribunales inferiores en grado, a seguir los lineamientos trazados por este máximo Tribunal de justicia; por lo que, la impugnación casatoria, al ser de naturaleza restrictiva, no constituye una instancia más del proceso; por lo que, no es posible a través de este recurso, rever cuestiones de hecho suscitadas en la tramitación del juicio; sino, ejercer control respecto a la forma en que el Auto de Vista realizó su labor en alzada, constituyéndose así en el último filtro de la labor jurisdiccional ordinaria, frente a posibles error en los que hubieren podido incurrir los operadores de justicia, en la correcta aplicación de la norma.

Sobre lo señalado precedentemente, existe amplia línea doctrinal emanada, tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia, como por este Tribunal, entre ellas la establecida en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto -que a su vez cita otros fallos- y señala: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP (…) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada)