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La política fiscal, fue implementada con la nueva Constitución Política del Estado, con el fundamento de defender los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción entre ellas la imprescriptibilidad art. 112, retroactividad de la ley penal anticorrupción art. 123, el control social art. 241, la imprescriptibilidad art. 324 de la CPE, por lo que resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público
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