Auto Supremo AS/0190/2016-RRC

Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida, basado en los siguientes argumentos: i) Refirió la vulneración de principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y el debido proceso; ii) Observó la enunciación del hecho y las circunstancias objeto de procedimiento abreviado refiriendo la fundamentación de la actividad probatoria, la naturaleza del procedimiento abreviado, la aplicación de los arts. 51 del Ley 1008 y 8 del CP, teniendo en cuenta que en la Sentencia de procedimiento abreviado omitieron arbitrariamente valorar la prueba de manera integral y su lógica consecuencia fue la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; iii) Refirió la violación de los principios de congruencia y razonabilidad; y, iv) No se podía pretender que una conducta tipificada como delito en la Ley 1008 sea atenuada con la invocación del art. 8 del CP; asimismo, debía tenerse en cuenta la aplicación del art. 410 del CPP, respecto de la doctrina legal aplicable que estableció que se debe tomar en cuenta que doctrinalmente los delitos emergentes de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas son de carácter formal; y, no de resultado, de ahí que el delito de narcotráfico, la parte sustantiva de la Ley 1008 tiene como vertiente la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes; sino, el fin que persigue el delito propiamente dicho, por lo que el delito comprendido en el art. 51 de la Ley 1008 no puede ser atenuada por la invocación del art. 8 del CP