Auto Supremo AS/0177/2017-RA

1) Como primer agravio, denuncia que el Auto de Vista recurrido declaró su absolución por el delito de Peculado; sin embargo, contradictoriamente le impuso la pena privativa de un año por el delito de Incumplimiento de Deberes, que estaba totalmente prescrito, lo que vulneraría el debido proceso y el principio de seguridad jurídica; asevera, que en la formulación de su recurso de apelación restringida refirió la irretroactividad de la ley penal prevista por la Constitución Política del Estado vigente en la época; no obstante el Tribunal de alzada al condenarlo por el delito de Incumplimiento de Deberes aplicó contradictoriamente la Sentencia Constitucional 770/2012, ya que el supuesto delito habría sucedido en las gestiones (2003-2005), por no haberse encontrado en archivos los descargos, lo que no abriría la posibilidad jurídica para aplicar la ley sustantiva y adjetiva vigente, cuando la ley aplicable era aquella que estaba vigente a momento de cometerse el hecho; entonces a su criterio, debía declararse la extinción del delito de Incumplimiento de Deberes que supuestamente habría sucedido en las gestiones (2003-2005), más aún si la CPE se promulgó el 2009 que fue modulada por la Sentencia Constitucional ya referida para evitar se aplique retroactivamente la ley penal, resultándole la sanción impuesta en franca violación al art. 4 del CP, concordante con el tenor de los arts. 27 inc. 8) y 28 del CPP; puesto que, el delito de Incumplimiento de Deberes tenía como sanción de un mes a un año, habiéndose extinguido el 2007; toda vez, que la acción penal en ese tipo de delitos se extinguía en el plazo de dos años; aspecto no observado por el Tribunal de alzada, que en franca violación al principio de legalidad aplicó incorrectamente el art. 123 de la CPE y la Ley 004 promulgadas el 2009, que establecen el Incumplimiento de Deberes como delito relacionado con la Corrupción pero no como delito de Corrupción propiamente dicho; por lo que, a criterio suyo las referidas normas no deben ser aplicadas a su caso, resultándole previsible la extinción por prescripción; no obstante, los Tribunales de Sentencia y apelación no aplicaron la norma legal sustantiva y adjetiva vigente a la producción del hecho ya que al condenarlo por un delito extinguido y prescrito por la norma legal vigente al momento de los hechos (2003-2005), cometieron una injusticia, a cuyo efecto invoca las Sentencias Constitucionales 1414/2013 de 16 de agosto, 086/2005-R y 807/2007 además de los Autos Supremos 110/2013 de 22 de abril, 017/2014-RRC de 24 de marzo, 213/2013 de 27 de agosto