Auto Supremo AS/0963/2019-RRC

En merito a lo expuesto, es preciso aclarar que la resolución del Auto de Vista no se acomoda al deber de control de logicidad y la correcta labor de fundamentación y motivación al no haberse tomado en cuenta cuando se impugna, la necesidad de controlar la valoración de la prueba hecha en Sentencia, el Tribunal de apelación debe revisar la Sentencia para evidenciar si el Juez o Tribunal de instancia realizó una correcta operación lógica en el análisis de cada uno de los elementos de la sana crítica, bajo cuyo defecto, la doctrina legal cobra mayor relevancia, que ante la circunstancia de que el recurrente en su apelación invoque claramente las pruebas, así como llegase a identificar cuáles de los elementos de la sansa crítica fueron inobservados en la valoración probatoria y su incidencia respecto a los hechos sometidos a juicio, con mayor razón el Tribunal de alzada estará obligado a ejercer su control de logicidad de la Sentencia, sin ingresar a argumentos evasivos, impertinente y ajenos a lo planteado en la apelación restringida, por tenerse presente que todo Tribunal de alzada, que conozca en su fase recursiva tales cuestionamientos de Sentencia, debe ingresar al análisis de los agravios, remitiéndose a determinar si el Tribunal o Juez de primera instancia ha dado correcta aplicación, observancia y cumplimiento a las leyes de la sana crítica.
Es decir, si sobre la prueba cuestionada con referencia a los hechos, el inferior emitió correctamente su valoración probatoria intelectiva en el marco de la lógica (identidad, contracción, del tercer excluido y la razón suficiente); la experiencia común (el conocimiento); y la ciencia (psicología, pericia e idoneidad); para así poder explicar fundadamente si es procedente disponer o no una reposición de juicio oral, bajo los alcances del art. 398 del CPP, circunscribiendo su argumento a la verificación de la errónea aplicación del art. 173 del CPP por parte del Juez o Tribunal inferior, caso contrario no puede sustentarse debidamente en base a ello, una decisión que no observe la doctrina legal y el fin que tiene la labor de control de logicidad, en atención a garantizar el principio de legalidad, generando seguridad jurídica, lo cual no solo se plasma sobre la correcta aplicación de las normas sustantivas, sino también, sobre las normas adjetivas, de ahí que se hable del error in judicando y error in procedendo, que procuran una tutela judicial efectiva, que es reconocida e incorporada de manera expresa en la Constitución Política del Estado en su art. 115, dentro del capítulo dedicado a las garantías jurisdiccionales, de la cual emerge su importancia dentro de la gama de derechos y garantías que ciñen y sientan los fundamentos de nuestro Estado