Auto Supremo AS/1119/2019

La Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, de 30 de diciembre de 1884, en su art. 1 establece los requisitos y condiciones para la expropiación, arguyendo que: "Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a que ceda o enajene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes: 1º. Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública y permiso competente para ejecutarla; 2º. Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; 3º. Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse; 4º. Pago del precio de la indemnización.". De las disposiciones legales citadas precedentemente, se concluye que la expropiación se perfecciona sólo previo pago de la justa indemnización y que la entidad expropiante sólo puede ocupar el bien inmueble una vez que efectivice el pago de la indemnización. El procedimiento a seguirse para adoptar la medida prevista en la ley de expropiación y el pago indemnizatorio en el art. 11 del Decreto Ley Nº 14375 de 21 de enero de 1977, dando el entendimiento que el art. 7 de la Ley de Expropiaciones de 30 de diciembre de 1884 fue derogada, y es precisamente esa norma que permitía aperturar la competencia del juez de partido para la designación de un tercer perito dirimidor quien debía efectuar la valuación del precio de la indemnización