Auto Supremo AS/0770/2019

Se advierte que el recurrente en el recurso objeto de examen, alega que interpone recurso de nulidad y/o casación en contra del Auto de Vista Nº 100 de 4 de diciembre de 2018, cuestionando la competencia del juez laboral y seguridad social, la nota de cargo y la aplicación del art. 32 del D.L. 10173, así como la impersonería de las partes, aspectos que fueron resueltos en instancia y debidamente fundamentados por el tribunal de apelación, que textualmente establece: “Que, al ser el Fondo Complementario de la Caja Petrolera de Salud en liquidación, una entidad que se encargaba de la administración de sus Fondos Complementarios de la Seguridad Social, con amplias facultades para el inicio de procesos coactivos sociales, tal como expresa el testimonio de representación Nº 449 de 28 de agosto de 2001, corresponde que el juez en materia laboral y seguridad social conozca este tipo de procesos y no así la jurisdicción civil como erróneamente argumenta el coactivado, toda vez que el contrato de alquiler no es la base para el inicio del presente proceso, sino la nota de cargo para el cobro de sus alquileres adeudados al Fondo Complementario de la CPS, por tanto el juez 3º de trabajo y S.S. al declarar improbadas las excepciones interpuestas por el demandado, actuó en estricta aplicación de la ley.”
En ese contexto, se debe tomar en cuenta que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio extraordinario y que procede únicamente en la conculcación de derechos determinados por ley. Además, se tiene establecido que este recurso no se constituye en una tercera instancia, pues este Tribunal es uno de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.
Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada tanto por la entonces Corte Suprema de Justicia, como por el Tribunal Supremo de Justicia, establece que el recurso de casación se constituye en una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, el que deberá circunscribirse a los requisitos enumerados en el art. 274 del Código Procesal Civil. En este sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, citando la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificando en qué consiste la violación, falsedad o error que invoca.
Cabe destacar que, en razón a la naturaleza del instituto de casación, este Supremo Tribunal de Justicia se encuentra limitado a verificar y corregir, en su caso, los hierros en que hubiese incurrido el tribunal que pronunció el fallo recurrido, en aplicación de la ley; de ahí que el juicio adquiere las características de puro derecho, a mérito que se orienta sustancialmente a discernir y resolver una cuestión entre la ley y su infractor. Bajo este entendimiento, contrariamente el recurrente se limitó a cuestionar aspectos resueltos en primera instancia (fs. 233 a 235) dejando precluir los recursos que le confiere la ley. En ese sentido, se establece que el recurso formula conceptos incongruentes sin lograr evidenciar en qué consiste la violación, falsedad o error en que incurrió el tribunal de apelación.
No obstante a la argumentación genérica y redundante expuesta por la parte recurrente, se puede advertir que cuestiona la valoración de la prueba de descargo, al respecto, la uniforme jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho. En la especie, si bien menciona el contrato alquiler y la nota de débito, no precisa cómo y de qué manera el juzgador le otorgó un valor que la ley le niega o que niegue valor probatorio a lo que la ley si otorga, o qué pruebas el tribunal hubiere apreciado erróneamente. En consecuencia, resulta pertinente puntualizar que la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan dentro del proceso, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, bajo dicho razonamiento se establece que la resolución impugnada, resolvió conforme la normativa y principios vigentes