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En ese contexto, el Tribunal de alzada no cumplió con lo dispuesto por el artículo 213-II-3 del Código Procesal Civil, por remisión del artículo 218-I del mismo cuerpo adjetivo, omitiendo realizar la necesaria motivación en función al estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, así como la evaluación de la prueba sobre la cual sustentó su fallo, asumiendo una determinación de hecho y no de derecho
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