Auto Supremo AS/0101/2019

Finalmente, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos, la exigencia de motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud y que tenga que dictar una resolución, debe ineludiblemente exponer los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que al momento de conocer la decisión del juzgador se lea y comprenda, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.
En el presente caso, sin ningún fundamento legal o documental, menos valoración cabal y objetiva, los vocales del tribunal de apelación, a fs. 553 y 554, resolvieron confirmar el Auto Nº 450 de 19 de mayo de 2005, cursante a fs. 311 y vta., el cual fue dictado sin motivación, con razonables dudas, en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, es decir, no se ha actuado con apego a la justicia, lo cual faculta a las partes, exigir del órgano jurisdiccional, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos, entre ellos, la Sentencia Constitucional 0752/2002-R de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la Sentencia Constitucional Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre, señala que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos, exige que toda resolución sea debidamente fundamentada, es decir que cada autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos, toma una decisión que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes, conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión en contra de los derechos y garantías establecidas por ley