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De lo referido se establece que, la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, como es la relación laboral entre la demandante y el Ministerio de Educación, está sujeta a la Ley 1178 y a normativa propia, óbice que impide accionar la demanda contencioso administrativo, más aun si consideramos que el origen de la problemática no surge en la relación de la administración con sus administrados, sino por el contrario de la relación laboral entre el Ministerio de Educación y sus servidores públicos
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