Auto Supremo AS/0363/2019

Ahora bien, en el recurso de casación se reclama que se concedió el beneficio de subsidio de frontera a favor de la trabajadora sin velar los intereses del Estado y considerarse que si no se efectuó su pago es porque se tenía un monto pactado. Al respecto, el art. 178.I. de la Constitución Política del Estado, establece que la potestad de impartir justicia se sustenta, entre otros, en el Principio de Imparcialidad, bajo el cual la autoridad jurisdiccional en el ejercicio de la función jurisdiccional tiene el deber de ser ajeno o extraño a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; a partir de ello, el reclamo de que no se velaron los intereses del Estado en la resolución de la presente causa, además de carecer de sustento legal, resulta incompatible y contrario al ordenamiento constitucional que rige la labor de impartir justicia, representando incluso una transgresión al Estado de Derecho, bajo el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente