Auto Supremo AS/0956/2019

Es decir que el rol que antes se les atribuía a los jueces ha cambiado, pues ahora el proceso constituye un instrumento para que el Estado a través del juez cumpla con su más alto fin, cual es materializar el “vivir bien”, de manera que los jueces y tribunales deben estar comprometidos con la consolidación de la armonía social y la justicia material y en ese entendido desplegar esa labor de meros aplicadores de la ley (subsunción), y constituirse en intérpretes de la norma, pues es por ello que el máxime contralor de la Constitución, en la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, razonó que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (…), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos…”, lo que a su vez significa un cambio en el método del derecho ya que una de las características del modelo constitucional de última generación (Estado Constitucional de Derecho), es la aplicación directa de la Constitución, donde el juez debe interpretar la ley “desde y conforme” las normas y/o parámetros del Bloque de Constitucionalidad (en especial las vinculadas a derechos humanos) y efectuar una labor de ponderación cuando existan conflictos entre valores, principios, derechos y garantías reconocidas en la norma constitucional, lo que indudablemente supone una revisión del positivismo jurídico, anclado en el respeto al principio de legalidad y en la adopción de una nueva metodología jurídica que tiene como núcleo central a la argumentación jurídica fundada en la razonabilidad de las resoluciones judiciales que es fundamental para actuar en estricto apego a los postulados de la Constitución Política del Estado