Auto Supremo AS/0392/2020-RRC

Por otra parte, debe destacarse que el deber de fundamentación no sólo corresponde a los jueces y tribunales de justicia, sino que de acuerdo al criterio asumido por este Tribunal, resulta extensible a quien recurre las determinaciones judiciales emitidas durante la sustanciación de la causa, pues el recurrente tiene también la obligación de dar una correcta motivación a su recurso, toda vez que el pronunciamiento sobre el recurso será en proporción a su motivación, teniendo en cuenta que la competencia de los Tribunales de alzada se halla delimitada por el art. 398 del CPP, al disponer que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, lo que implica que el recurrente deberá expresar de manera clara y jurídica lo que denuncia y lo que pretende al formular algunos de los recursos estipulados en la norma procesal penal. 

A ello debe agregarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese ámbito, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por lo referido, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el art. 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso. 

En cuanto al principio de congruencia, el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de marzo, señaló el siguiente entendimiento:

“Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras)