El Formulario Único, que firmó el demandante, el 16 de diciembre de 2009, en su condición de turista, no se constituye en un instrumento efectivo para la materialización de los principios que deben regir a la Administración Aduanera, en este caso concreto, por cuanto si se asume que el único fin de dicho formulario, es la materialización de lo establecido en los arts. 133 de la Ley General de Aduanas y art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, documento que imperativamente deberá ser suscrito por un turista; es decir, una persona natural que no tiene residencia permanente en Bolivia, mínimamente se le debe informar en forma expresa -por escrito- que: 1. El plazo máximo de autorización es de seis (6) meses; 2. El mismo puede ser renovado en forma justificada por otro plazo similar y 3. En caso de incumplimiento a este plazo, se procederá al comiso de su vehículo, logrando con ello al amparo de los principios antes descritos que la persona extranjera conozca las condiciones legales, mediante las cuales puede ejercer sus derechos y las consecuencias en caso de incumplir sus obligaciones.
En el caso de autos, la Administración Aduanera, se limitó ha hacer constar en el referido Formulario que el turista “declara conocer las normas aduaneras vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia (…) que reglamentan la salida y admisión temporal de los vehículos turísticos”, criterio por demás subjetivo que no tienen correspondencia con el principio de proporcionalidad, respecto de las consecuencias que pueden surgir, ante el incumplimiento de las referidas normas legales, es decir que no es justo que la Administración Aduanera, pretenda imponer al turista, una sanción tan grave como es el comiso de su vehículo, si no le ha comunicado en forma previa, los derechos y obligaciones que puede gozar y por ende a cumplir al ingresar al territorio nacional.
Lo manifestado se acredita objetivamente en el caso presente, por cuanto, en el Formulario F-249/A con Número de Trámite 2009641V80115, de fs. 97, por un lado se hace constar que el turista -persona que recién está ingresando al territorio nacional- conoce todas las normas legales que regulan la salida y admisión temporal de vehículos turísticos y seguidamente, se indica que su autorización vence el 16 de marzo de 2010, no habiéndose aclarando en ninguna parte del referido Formulario que conforme el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, al haber ingresado él a territorio nacional, podía obtener un plazo máximo de seis (6) meses, es decir hasta el 16 de marzo de 2010, demostrándose con ello que fue la Administración Aduanera, quien en forma discrecional, estableció como fecha de vencimiento de la autorización, el 16 de marzo de 2010.
Otra sería la situación, si en el referido Formulario, se hubiera hecho constar que el plazo máximo que otorga la norma legal nacional es de seis (6) meses y seguidamente, hacer constar como fecha de vencimiento la ya señalada varias veces, toda vez que esto, acreditaría que fue el propio turista, quien decidió obtener una autorización de plazo menor a lo establecido en la norma legal vigente.
En el caso de autos, el señor Juan José Tebes, efectivamente se apersonó el 30 de marzo de 2010, a reparticiones de la Aduana Nacional de Bermejo (población fronteriza con la República Argentina), en forma voluntaria y de buena fe, con la finalidad de retornar a su país de origen, fue en ese momento que el funcionario público de la aduana, al revisar el Formulario F-249/A con Número de Trámite 2009641V80115, de fs. 97, corroboró que su plazo se habría vencido el 16 de marzo de 2010 y se procedió por ello al comiso del vehículo.
- Fragmento 1
- SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
- AUTO SUPREMO Nº 476
- Sucre, 16 de septiembre de 2021
- Expediente
- Demandante
- Demandado
- Proceso
- Departamento
- Magistrado Relator
- VISTOS:
- I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.
- Sentencia.
- PROBADA
- Auto de Vista.
- CONFIRMÓ
- II. RECURSO DE CASACIÓN, CONTESTACION Y ADMISIÓN.
- 1.- b) El plazo de permanencia otorgado por la Aduana fuere discrecional, además de un criterio excesivamente positivista de parte de la Administración Aduanera, y que el demandante no conocía de las consecuencias de no haber cumplido con el plazo de autorización; generando con ello, una decisión desproporcional en la Resolución Sancionatoria.
- 2.- El Auto de Vista señaló que el plazo máximo de autorización es de seis meses y que puede ser renovado en forma justificada, por otro plazo similar
- Petitorio.
- Contestación al recurso y concesión.
- Corrido en traslado el recurso de casación, el demandante no contestó al mismo; por Auto Nº 04/2021 de 10 de mayo, se concedió el recurso de casación.
- Admisión
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS LEGALES Y DOCTRINALES APLICABLES AL CASO CONCRETO.
- Doctrina y legislación aplicable al caso.
- tipifica el ilícito de contrabando como “contravención” y “delito”
- Resolución del caso en concreto:
- a).- En cuanto al vencimiento del plazo de la autorización, para la permanencia del vehículo.
- El Formulario Único, que firmó el demandante, el 16 de diciembre de 2009, en su condición de turista, no se constituye en un instrumento efectivo para la materialización de los principios que deben regir a la Administración Aduanera, en este caso concreto, por cuanto si se asume que el único fin de dicho formulario, es la materialización de lo establecido en los arts. 133 de la Ley General de Aduanas y art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, documento que imperativamente deberá ser suscrito por un turista; es decir, una persona natural que no tiene residencia permanente en Bolivia, mínimamente se le debe informar en forma expresa -por escrito- que: 1. El plazo máximo de autorización es de seis (6) meses; 2. El mismo puede ser renovado en forma justificada por otro plazo similar y 3. En caso de incumplimiento a este plazo, se procederá al comiso de su vehículo, logrando con ello al amparo de los principios antes descritos que la persona extranjera conozca las condiciones legales, mediante las cuales puede ejercer sus derechos y las consecuencias en caso de incumplir sus obligaciones.
- Siendo esta la realidad fáctica, del presente asunto, corresponde tener en cuenta que art. 178-I de la CPE, hace referencia al principio de equidad, como parte de los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, el cual para comprender su alcance práctico y axiológico, es imperativo que se deba tener en cuenta que: “El principio de equidad favorece a la más perfecta realización de justo jurídico y que en la realización de ese principio se concreta la trascendente función de los jueces de impartir justicia en la resolución de las controversias que son sometidas a su conocimiento, ya sea que recurran al mismo cuando: 1) no encuentran en el ordenamiento jurídico la fuente formal para fundar su decisión, ó 2) esencialmente, para interpretar la ley considerando las circunstancias particulares de cada caso frente al rigorismo de la norma general y abstracta, con miras de lograr, más que una justicia legal y formal, una justicia equilibrada y equitativa que se constituya en una respuesta efectiva para el caso concreto. Siendo allí donde la equidad juega un rol preponderante en miras de desentrañar la justicia que la ley pretende realizar, se debe tener presente que el principio de equidad no supone ir contra la ley, juzgarla o modificarla por el contrario supone encontrar el límite del campo de aplicación de una norma en un caso concreto, impidiendo que alguien sea injustamente tratado al aplicarle la literalidad de los términos abstractos y generales de la ley, cuando su caso, por cualquier circunstancia, no debe ser considerado dentro esa generalidad o abstracción prevista.”
- Finalmente, acreditar que en el caso concreto, conforme los principios de buena fe, responsabilidad, eficiencia, publicidad, verdad material, transparencia y equidad, no es coherente que luego de haber demostrado en forma explícita e implícita el señor Juan José Tebes, que ingreso a territorio nacional en forma legal; que materialmente desconocía que podía renovar la autorización; que sufrió contingencias ajenas a su voluntad (reparación de su vehículo en un taller mecánico), que le impidieron retornar antes de la fecha del comiso; que asumió que sí podía retornar legalmente, la Administración Aduanera haya desconocido todos estos hechos y se hubiera limitado únicamente a valorar que en el Formulario F-249/A con Número de Trámite 2009641V80115, de fs. 97, se hizo constar que su plazo vencía el 16 de marzo de 2010 y que éste se hubiera pasado el mismo con 14 días, generando con ello una decisión desproporcional con los antecedentes de la causa, privándolo en forma exagerada e injusta de su vehículo; generándose con ello una decisión desproporcional al emitirse la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 007/2010, de 2 de abril de 2010.
- b).- En cuanto a la tipicidad del contrabando contravencional, establecido por la Aduana Nacional, respecto del señor Juan José Tebes.
- INFUNDADO