Auto Supremo AS/0582/2021

La Constitución Política del Estado, refuerza la protección al trabajador, elevando a rango constitucional los principios procesales que lo protegen como el sujeto más débil de la relación empleador-trabajador; estos son, el Principio Protector con sus reglas In Dubio Pro Operario y de la condición más beneficiosa, así como los Principios de Continuidad o Estabilidad de la Relación Laboral, de Inversión de la Prueba, de Primacía de la Realidad y de No Discriminación, establecidos en el art. 48.II) de la CPE; en ese entendido, el Estado bajo estos principios constitucionales a través de los impartidores de justicia, busca la favorabilidad de la y el trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral; de tal manera, conceptualizando los principios informadores del derecho al trabajo, la Sentencia Constitucional Nº 0032/2011-R de 7 de febrero, señala en cuanto al Principio de Proteccionismo, que:

“a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador”.

Así también, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 señala y define de manera general los Principios del Derecho Laboral; y en base a estos Principios, la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada, en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país, determinándose los Principios y sus alcances, que deben tener en los procesos laborales.

En ese marco, amerita puntualizar que el derecho al trabajo encuentra como objetivo permanente el mantener un equilibrio en la relación laboral, teniendo presente que el trabajador tradicionalmente frente a su empleador se constituye en el más débil en dicha relación; es por ello, que impera la necesaria regulación de la autonomía de la voluntad que pretenda imponer restricciones y limitaciones o condiciones en desmedro del trabajador, mediante normas legales que deban aceptarse obligatoriamente, que establezcan los parámetros de las relaciones de trabajo y sean interpretadas en base a principios protectores que resguarden dicho desequilibrio natural, más allá de la mencionada autonomía de las partes.

Encontrándose plenamente vigente el Código Procesal del Trabajo, se asume que las normas supletorias, en el actual contexto jurídico son la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025) y el Código Procesal Civil (Ley Nº 439), en todo lo que sea aplicable a la materia y siempre que no implique vulneración de los principios generales del derecho procesal laboral.