Sentencia Rol 8820 - 2020

0000525 QUINIENTOS VEINTE Y CINCO justificación” (STC Rol N° 807, c. 22°). 11°. Lo objetado por la requirente es una presunta contradicción entre la sanción de inhabilidad temporal para contratar con el Estado que se encuentra establecida en la norma del artículo 4° de la ley N° 19.886 y el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Carta Fundamental, por cuanto -según ella- “la norma no diferencia ninguna situación, aún cuando sean objetivamente distintas” (fojas 14). 12°. Sin embargo, la aplicación de la segunda frase del artículo 4 de la ley N° 19.886 -que corresponde a una medida accesoria destinada a perseguir un fin legítimo establecido por el legislador, cual es evitar la afectación de garantías constitucionales de los trabajadores en el contexto de su relación laboral o con ocasión del término de la misma- no atenta en el caso particular en contra del derecho a la igualdad ante la ley ni constituye una discriminación arbitraria con respecto a la requirente, por las siguientes razones: i) su aplicación es consecuencia del cumplimiento del requisito que exige la ley para que opere la inhabilidad: condena en sentencia judicial precedida de un procedimiento en que el demandado pudo defenderse, como ocurrió en la especie; ii) la diferencia que establece la norma es entre una misma categoría de personas: quienes desean contratar con la Administración, diferenciación que resulta necesaria e idónea para cumplir con las finalidades perseguidas por el legislador, esto es, la protección más eficaz de los derechos fundamentales de los trabajadores. Cuestión que también se ha plasmado en la incorporación de los procedimientos de tutela laboral y otras modificaciones al Código del Trabajo, acorde al deber que impone el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución; iii) el artículo 4° de la Ley de Compras Públicas es una regla de Orden Público Económico, que refleja los valores de la libertad de contratar y, a su vez, limita el ejercicio de determinados derechos, como el que se desprende del artículo 19 N° 21 de la Constitución. No nos encontramos aquí, en efecto, con una medida irracional y de una desproporción tal que impida al requirente seguir ejerciendo su actividad propia. Se trata de aquí de “evitar la repetición de conductas lesivas a los derechos de los trabajadores, pero no impedir del todo el desarrollo de la actividad económica del empleador, que podrá seguir contratando con entes o personas que no pertenezcan a la Administración del Estado” y por ello la inhabilidad sólo dura dos años (STC Roles N°s 1968, c.37). 13°. Por otra parte, la circunstancia de que la requirente haya pagado de las indemnizaciones a que la condenó la sentencia en el juicio laboral no la exonera de ajustarse a la inhabilidad que establece la ley, como sostiene la requirente, por cuanto su aplicación es consecuencia de la propia conducta de la requirente que le llevó a cometer la infracción a la ley y que fue el origen de la obligación de pagar dichas prestaciones. En efecto, la reparación del mal causado en forma individual a la ex trabajadora, a través del cumplimiento de las obligaciones que ordenó la sentencia por parte de la requirente, no obsta a la aplicación de la inhabilidad de contratar a que se refiere la 18