Sentencia C-462/24

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA.

Síntesis

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 8° (parcial) de la Ley 2195 de 2022, referida al término de caducidad para las investigaciones administrativas contra personas jurídicas por actos de corrupción cometidos por sus administradores, funcionarios o empleados. La norma cuestionada permitía que el ejercicio de la facultad sancionatoria administrativa se ejerciera dentro de los 10 años siguientes a la ejecutoria de la condena penal o del reconocimiento del principio de oportunidad, independientemente de la fecha de comisión del delito. Para el demandante, la posibilidad de ejercer la competencia sancionatoria sin importar la fecha de la conducta punible vulnera el principio de irretroactividad que surge del artículo 29 de la Constitución, en tanto permite la aplicación de la norma a hechos ocurridos antes de su vigencia.

La Corte resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-397 de 2024 por existir cosa juzgada formal y absoluta. En efecto, dicha providencia declaró la inexequibilidad de la misma norma que ahora se demanda, por un cargo igual al que aquí se formula.