Fecha: 12-Ago-1992
Segundo: Que, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9), de la Constitución Política y 31 32 y 33 del Decreto 2591, la competencia de esta Corte se circunscribe a la revisión de las decisiones adoptadas en primera o segunda instancia por los jueces y tribunales competentes en relación con la Acción de tutela de los derechos constitu...
Fecha: 13-Ago-1992
5. Que estudiados los expedientes No.140 y 141 se encuentra claramente establecido que si bien es cierto que el actor ha suministrado las razones por las cuales estima violado el artículo 272 de la Constitución de conformidad con la exigencia de admisibilidad consagrada por el artículo 2º. Numeral 3º. del Decreto 2067 de 1991, es lo cierto que ello...
Fecha: 18-Ago-1992
La acción pública de inconstitucionalidad está concebida como un derecho político, reservado, por tanto, a los ciudadanos colombianos. El firmante del escrito presentado a la Corte Constitucional dice actuar tan solo en su condición de apoderado judicial de la Nación- Contraloría General de la República y adjunta poder de la jefe de la Oficina Jurí...
Fecha: 06-Ago-1992
La expedición de la Carta Política de 1991 modificó sustancialmente los elementos normativos sobre los cuales habían sido elaboradas las expuestas concepciones en torno al juzgamiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales y, más aún, el de estos considerados en sí mismos, pues se pasó de un texto en el que, si bien se facultaba el c...
Fecha: 06-Ago-1992
La facultad de intervenir en la economía dentro del sistema constitucional colombiano, en lo esencial, descansa primordialmente en el Congreso y por esto es una función que se ejerce en atención a intereses nacionales y unitarios. La actuación macroeconómica del Estado, adelantese ésta bajo la forma de intervención legal económica, o bajo la forma ...
Fecha: 13-Ago-1992
Cuando el estudio se refiera al contenido de los preceptos cuestionados es necesario definir su exequibilidad teniendo en cuenta la preceptiva superior vigente al momento de proferir el fallo, es decir, la Constitución de 1991, cuyo artículo 380 dispuso la derogatoria de la Constitución de 1886 y sus reformas. Según lo expresó la Corte en recientes...
Fecha: 27-Ago-1992
A la luz tanto del derecho constitucional colombiano como del derecho internacional público, el Canciller está autorizado para suscribir tratados, no así para celebrarlos, lo cual es atribución exclusiva del Presidente de la República como Jefe de Estado. Luego el Presidente de la República celebra los tratados y convenios pero el Ministro de Relac...
Fecha: 10-Ago-1992
Procede la Corte Constitucional a resolver en vía de revisión sobre la acción de tutela intentada por el señor ENRIQUE MALDONADO SANTOS contra los editores de la publicación mensual llamada "CLAMOR", que es medio de expresión de la organización conocida como COOPDESARROLLO (Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social). ...
Fecha: 10-Ago-1992
El derecho al trabajo es un derecho fundamental, él da lugar a una serie de prestaciones que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por ser derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibidem y de cuyo carácter como derecho fundamen...
Fecha: 10-Ago-1992
En el caso sometido a estudio y de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la medida acogida por el Consejo Académico no se ciñó a lo establecido en el Reglamento Estudiantil expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Universitaria de Boyacá, ya que no precedió comunicación alguna al educando, con el fin de darle a conocer los he...
Fecha: 11-Ago-1992
La Sala de Revisión en asuntos de tutela, compuesta por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la Revisión de los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el 17 de enero de 1992 y el Tribunal Su...
Fecha: 11-Ago-1992
El señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS, formuló acción de tutela, mediante declaración juramentada ante el Juez Cuarto Superior de Tuluá Valle, contra el Instituto de los Seguros Sociales, para que se le atienda en todos los servicios médicos que viene utilizando, atención que se ha visto amenazada por la manifestación que le hiciera el médico laboral del ...
Fecha: 11-Ago-1992
El juez de tutela ha debido indicar que existen otros recursos o medios de defensa judicial para hacer valer el derecho que se pretende desconocido, y que esos medios están constituídos por la posibilidad de instaurar proceso civil ordinario, donde se declare la maternidad natural que pretende el libelista. Se sustituye, sin competencia para ello, ...
Fecha: 11-Ago-1992
El otro medio de defensa judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa j...
Fecha: 11-Ago-1992
El derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los hospitales y clínicas particulares y todas las en...
Fecha: 11-Ago-1992
No se puede ubicar la controversia planteada en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el art. 42 del Decreto 2591 de 19...
Fecha: 11-Ago-1992
Esto significa que, a la luz del inciso final del artículo 86 de la Carta, la Acción de Tutela procede siempre que la acción o la omisión de un particular encargado de la prestación del Servicio Público de Educación sean de tal alcance que con ellas se viole o amenace violar los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a la libertad ...
Fecha: 13-Ago-1992
La imposición de penas o medidas correccionales por la autoridad de policía debe sujetarse, por tanto, a las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción y, en especial, al principio constitucional de la presunción de inocencia. Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido p...
Fecha: 13-Ago-1992
Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o ...
Fecha: 12-Ago-1992
La autonomía universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. El concept...