AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 406/2001. PROMOTORA VILLAVERA, S.A. DE C.V.

"MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE JULIO DE 1992 QUE LAS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 10/95 con el rubro: ‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’, ha sostenido que las leyes que las prevén resultan inconstitucionales en cuanto no permiten a las autoridades impositoras la posibilidad de fijar su monto, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia en la conducta que la motiva y todas aquellas circunstancias que deban tenerse en cuenta para individualizar dicha sanción; también ha considerado este Alto Tribunal que no son fijas las multas cuando en el precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo, pues tal circunstancia permite a la autoridad facultada para imponerlas determinar su monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor, que permitan su individualización en cada caso concreto. En congruencia con dichos criterios se colige que el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1992 no establece multas fijas, pues al establecer porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, permite a la autoridad fiscal fijar los límites dentro de los cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se le conceden facultades para individualizar la sanción y, por tanto, no es violatorio del artículo 22 constitucional." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, tesis 2a./J. 92/99, página 124).

"MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA AUTORIDAD PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes el criterio de que el derecho fundamental a la seguridad jurídica, garantizado en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respeta por el legislador en las disposiciones de observancia general mediante las cuales establece sanciones administrativas a los gobernados, si con la regulación respectiva se genera certidumbre a éstos sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias el referido derecho se acata cuando en la norma respectiva se establece un tope o máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, con independencia de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá su imposición, pues ante ese contexto normativo la autoridad sancionadora tendrá plenamente acotado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por la otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá plasmarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis 2a. CLXIV/2000, página 448).

Por otra parte, la circunstancia de que el legislador haya fijado como monto mínimo de la multa el 70%, no conlleva violación alguna al artículo 22 constitucional, pues si bien ello denota que el propio creador de la norma ha determinado que la conducta infractora debe sancionarse con un mínimo equivalente a una cuantía determinada, superior a la mínima carga económica que podría imponerse a un gobernado, ello constituye un ejercicio válido de la potestad legislativa, pues si la autoridad administrativa o jurisdiccional puede individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean una conducta infractora, por mayoría de razón, el legislador puede considerar que una determinada conducta infractora, con independencia de las circunstancias que rodean su comisión, es acreedora de una sanción mínima de una cuantía elevada, pues es al propio creador de la norma al que corresponde en principio determinar en qué medida una conducta infractora afecta al orden público y al interés social, y cuál es el monto suficiente de la sanción pecuniaria que permite desincentivar su comisión.

Además, este tribunal no advierte que el monto equivalente al 70% de las contribuciones omitidas sea por sí mismo excesivo, pues atendiendo a la finalidad de los tributos, la omisión en su pago genera una grave afectación al Estado, pues le impide desarrollar con la debida oportunidad las funciones que le corresponden; máxime que la cuantía de la sanción guardará una estrecha relación con el monto de la obligación incumplida, por lo que resultará mayor en la medida en que sea superior la cuantía del adeudo detectado.

Por lo que hace al argumento sintetizado en el inciso e), destaca que el recurrente parte de una premisa equivocada, pues la norma impugnada no prevé porcentajes fijos sino un rango dentro del cual la autoridad se encuentra facultada para determinar el monto de la sanción, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la reincidencia, la gravedad o levedad de la infracción, así como cualquier otro elemento jurídicamente relevante para individualizar la multa al caso que corresponda, de ahí que resulta inoperante el agravio en estudio.

Respecto al agravio sintetizado en el inciso f), éste resulta igualmente infundado, ya que los argumentos relativos no revelan la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, pues si bien la fracción I del mismo precepto legal contempla una sanción inferior para el contribuyente que también cae en el supuesto de omitir el pago de contribuciones, este aspecto no debe apreciarse en forma aislada para arribar a la conclusión de que se sanciona al mismo infractor con diversas multas, dado que siendo el elemento común en los supuestos previstos por ese artículo 76, que la omisión en el pago de contribuciones sea descubierta por las autoridades fiscales, es patente que lo que se pretende sancionar es la resistencia a pagar contribuciones, que obliga a intervenir a la autoridad fiscal, resistencia que refleja mayor o menor mala fe por parte del infractor.

De acuerdo con lo anterior, es fácil comprender la diferencia que el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, prevé en sus fracciones en relación con la cuantía de la multa, atendiendo al momento en que se paga la contribución omitida, pues es claro que refleja singular mala fe el infractor que dándose cuenta de la violación, con lo cual ya tiene conciencia de que está obligado a pagar, se abstiene de hacerlo, esperando que no se le descubra, colocándose entonces en la hipótesis de la fracción II; mientras que el que se ubica en el supuesto de la fracción I, advirtiendo la infracción, voluntariamente se adelanta en el pago de la contribución, actuando en función del propósito concientizador de la norma, que es el pago voluntario de contribuciones.

El trato diferente que el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación da a los infractores según en la hipótesis en que su propia conducta los ubique, tiene otra justificación por la circunstancia de que el pago espontáneo ahorra o economiza labores y elementos al fisco, ya que con menor esfuerzo obtiene el monto de las contribuciones omitidas.

Las razones expuestas ponen de relieve que es inexacto que el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, resulte violatorio de la garantía de equidad, pues lo que hace es tratar a los iguales en forma igual, atendiendo a su resistencia y mala fe en relación con el pago de contribuciones.