PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.

"Artículo 400 bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

"...

"Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia."

39. El análisis de constitucionalidad del precepto transcrito, a la luz del derecho de presunción de inocencia, se realizará bajo las vertientes de regla de tratamiento y regla probatoria, en términos de lo sostenido por esta Primera Sala en la siguiente tesis:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como ‘regla de trato procesal’ o ‘regla de tratamiento’ del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los Jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena."(13)

40. Criterio sostenido y ampliado en los amparos en revisión **********, ********** y **********,(14) aprobados por esta Primera Sala.

41. Ahora bien, como se ha mencionado, en los agravios se argumenta que dicha norma establece una presunción de culpabilidad a priori, lo que permite considerar, que los recurrentes apelan a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de tratamiento, toda vez que cuestionan la forma en la que debe ser tratada una persona durante el procedimiento penal seguido por este delito, sosteniendo que no puede convalidarse la norma impugnada porque permite el tratamiento de los individuos como culpables, aun antes de seguirse el procedimiento respectivo.

42. Esta Primera Sala, en los precedentes citados, sostuvo que la presunción de inocencia, cuando se entiende como regla de tratamiento del imputado, consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal.

43. Vista desde esta óptica, la finalidad de la presunción de inocencia, es impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.(15) En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad de un individuo por virtud de una sentencia judicial y se haya seguido un proceso con todas las garantías.

44. Esta faceta del derecho, es a la que normalmente se alude en los tratados internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales, cuando hacen referencia a la presunción de inocencia.

45. En este tenor, para observar el respeto a este derecho fundamental como regla de tratamiento, resulta necesario analizar, si la norma impugnada evita la aplicación de medidas que supongan la anticipación del castigo reservado a quien ha sido declarado culpable del delito que nos ocupa.

46. En cuanto hace a la presunción de inocencia como regla probatoria, esta Sala señaló, que en ella se establecen los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.

47. De acuerdo a lo anterior, la presunción de inocencia contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto, como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo. En este sentido, el hecho de que las pruebas de cargo sean suministradas al proceso por la parte que tiene esa carga procesal, también constituye un requisito de validez de éstas.

48. Tomando en cuenta los elementos descritos, esta Primera Sala estima que, el delito de recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal Federal en cuanto establece, qué debe entenderse "por producto de una actividad ilícita" en la porción normativa que establece "y no pueda acreditarse su legítima procedencia", no vulnera el principio de presunción de inocencia, en sus dos vertientes.

49. En efecto, primeramente, conviene precisar los elementos objetivos, subjetivos y normativos, del precepto en cuestión: