AMPARO DIRECTO 676/2011. CARLOS MATEO ORONOZ SANTANA. 31 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. SECRETARIO: ERROL OBED ORDÓÑEZ CAMACHO.

"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público o cause daños o perjuicios a la administración pública, será de uno a diez años, si el monto de aquellos no excede de quinientas veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.

"Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia, organismo descentralizado, empresa de participación o fideicomiso público de que se trate, solicite autorización a la secretaría.

"La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa para que el titular de la dependencia, órgano descentralizado, empresa de participación o fideicomiso público en los términos de esta ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado;