CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 1 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

30. A efecto de demostrar la anterior afirmación, es de destacarse que el artículo 105, primer párrafo en relación con su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la "Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria", de las controversias constitucionales contra normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.

31. Esto es, por mandato del Constituyente Permanente ese medio de control constitucional debe ser regulado por una ley específica, a saber, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deberán sujetarse necesariamente las reglas de trámite, procedencia, resolución y recursos de las controversias constitucionales.

32. Ahora, la improcedencia de una controversia constitucional deriva de los motivos enlistados en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria; pero éste, en su última fracción, prevé un supuesto abierto que se vincula con aquellos "casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley", lo que permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica establece dicha norma, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen conforme al criterio contenido en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".(7)

33. Al respecto, debe atenderse al texto del indicado artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal, que dice:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: [...]

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; [...]

34. La disposición constitucional reproducida prevé el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, que constituye el medio de defensa electoral por virtud del cual los ciudadanos pueden solicitar la tutela de sus prerrogativas político electorales, así como todos los derechos fundamentales estrechamente vinculados.

35. La sustanciación y resolución de ese medio de impugnación está a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya resolución o sentencia tendrá la calidad de definitiva e inatacable por imperativo expreso del Constituyente Permanente, lo que implica, por una parte, que en su contra no procede juicio, recurso o medio de defensa alguno y, por otra, que su pronunciamiento es el que define la situación imperante.

36. Ciertamente, no es viable desconocer o soslayar la actuación del indicado órgano jurisdiccional, pues ello vaciaría de contenido el ya citado y reproducido artículo 99 de la Carta Magna, y llevaría al desajuste del sistema de medios de impugnación previsto desde el texto constitucional.