SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1513/2002-R

“... el instrumento jurídico que se pretende utilizar para dar curso al trámite de expulsión es el requerimiento fiscal que ratifica la existencia de diligencias que pretenden averiguar quién o quiénes son los autores de los hechos denunciados, para posibilitar la apertura de la causa penal correspondiente; empero, que no tiene facultades para pedir la expulsión como castigo o sanción, toda vez que ya existe competencia territorial establecida por el art. 1 del Código Penal vigente”. (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Siguiendo la línea jurisprudencial mencionada, en el presente caso se concluye que el recurrente debe someterse a la  jurisdicción penal ordinaria boliviana en la que se ha iniciado una investigación que debe concluir en una de las formas previstas por ley, máxime si se toma en cuenta que los Códigos Penal y de Procedimiento Penal son Leyes de la República, de jerarquía superior a un Decreto Supremo, teniendo aplicación preferente según el mandato del art. 228 CPE.