SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 25/2002

I.5.          Una vez creada la aludida comisión y designados sus miembros, inmediatamente los grupos de poder afectados en sus intereses por sus investigaciones, con coordinación con la Superintendencia de Bancos, presentaron denuncia acusándolo de una serie de falacias, a fin de evitar que continúe con sus actos de fiscalización y deje de actuar como coadyuvante del Ministerio Público en los hechos delictivos denunciados ante la justicia ordinaria. Admitidas las denuncias por la Presidencia de la Cámara, aquéllas fueron remitidas ilegalmente a la Comisión de Constitución. Sin embargo, dicha Comisión, al no existir un Reglamento que norme las posibles sanciones a un Diputado Nacional, devolvieron esas denuncias a la Presidencia de la Cámara de Diputados la que, a su vez, las remitió a la Comisión de Ética que adoptó una Resolución que contiene ilegalidades y contradicciones, carentes de sustento legal.