SENTENCIA CONSTITUCIONAL 923/2002-R

III.5 Que, el hecho de que la instalación pudiera facilitar el asentamiento de loteadores, no es un justificativo valedero ni legal, pues los recurrentes tienen acreditado su derecho propietario sobre sus inmuebles, el mismo que no ha sido desconocido por el recurrido, quien si bien alega que las construcciones no cuentan con autorización, esto no ha sido demostrado ni existe una orden de demolición emergente de un trámite administrativo; por consiguiente, el ordenar la suspensión de la conexión y permitir que el Sindicato de Matarifes del Matadero impida el ingreso de los recurrentes a sus inmuebles por la única vía que tienen para hacerlo, constituye también una restricción al derecho a la propiedad, dado que puede que el Sindicato referido no tenga una relación de subordinación al Gobierno Municipal, pero es éste el propietario del Matadero y en consecuencia debe hacer valer su derecho, para viabilizar el libre ejercicio del mismo derecho a los recurrentes.